Uno de los principios más importantes —y más útiles en la práctica— para defender a una empresa frente a un expediente sancionador es el principio de tipicidad. Solo pueden constituir infracción administrativa aquellas conductas que estén expresamente previstas como tales por una ley, y no cabe la aplicación analógica de infracciones o sanciones. Conocer los límites y matices de este principio puede marcar la diferencia entre una sanción confirmada y una sanción anulada.
La reserva de ley: no toda norma puede crear infracciones
El artículo 27 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público exige que las infracciones administrativas estén tipificadas por una norma con rango de ley, sin perjuicio de las especialidades reconocidas a las ordenanzas locales. Esta exigencia protege a tu empresa frente a la creación de infracciones por vía puramente reglamentaria: un reglamento puede especificar o graduar el cuadro de infracciones y sanciones ya previsto en la ley, pero nunca crear nuevas infracciones ni alterar la naturaleza o los límites de las que la ley ya contempla.
Infracciones leves, graves y muy graves
La ley debe clasificar las infracciones en leves, graves y muy graves, aplicando para ello los criterios de proporcionalidad, y debe delimitar igualmente las sanciones correspondientes a cada nivel. Esta clasificación no es un mero formalismo: determina directamente los plazos de prescripción aplicables (tres años para las infracciones muy graves, dos para las graves y seis meses para las leves, salvo que la ley sectorial establezca otros plazos) y condiciona la proporcionalidad de la sanción finalmente impuesta a tu empresa.
No toda medida administrativa gravosa es una sanción
Un aspecto especialmente relevante para las empresas es que no toda decisión administrativa desfavorable tiene la naturaleza jurídica de sanción, aunque tenga un efecto económico negativo. La declaración de caducidad de una concesión, la resolución de un contrato administrativo por incumplimiento, las multas coercitivas para ejecutar forzosamente un acto administrativo, la revocación de una autorización, o determinados recargos tributarios no siempre se consideran sanciones en sentido estricto, ya que su finalidad no es represiva sino de otra naturaleza (garantizar el cumplimiento de una obligación, recuperar el equilibrio contractual o fomentar el pago en plazo).
Esta distinción es crucial porque solo las verdaderas sanciones administrativas disfrutan de las garantías reforzadas del artículo 25 de la Constitución (tipicidad estricta, irretroactividad, presunción de inocencia). Por ello, cuando tu empresa recibe una medida administrativa desfavorable, conviene analizar cuidadosamente su verdadera naturaleza jurídica antes de plantear la estrategia de defensa, porque de esa calificación depende el régimen de garantías aplicable.
Sanciones pecuniarias y no pecuniarias
La ley permite que las sanciones administrativas no sean necesariamente pecuniarias: pueden consistir en la privación de derechos o en la obligación de realizar determinadas conductas, siempre que no impliquen privación de libertad. Para las empresas, esto puede traducirse en sanciones como la suspensión de actividad, la inhabilitación temporal para contratar con el sector público, o la pérdida de subvenciones o beneficios fiscales, medidas cuya naturaleza jurídica y proporcionalidad conviene revisar con detalle en cada caso.
Medidas accesorias: reposición e indemnización, no son sanción
Junto a la sanción propiamente dicha, la Administración puede exigir a tu empresa la reposición de la situación alterada a su estado originario y la indemnización de los daños y perjuicios causados por la infracción. Estas medidas son compatibles con la sanción, pero tienen naturaleza jurídica distinta: no son un castigo, sino una restitución del interés general dañado. A ello se suma el decomiso del producto de la infracción, cuya finalidad tampoco es sancionadora sino preventiva. Diferenciar correctamente estos conceptos es esencial para que tu empresa entienda exactamente qué está pagando y por qué concepto en cada resolución sancionadora.
Cómo te ayudamos desde LRB Tax & Legal
Analizar si la conducta imputada a tu empresa encaja realmente en el tipo infractor invocado por la Administración, y si la medida impuesta tiene verdadera naturaleza sancionadora, es frecuentemente la clave para lograr la anulación total o parcial de un expediente. En LRB Tax & Legal revisamos con rigor técnico la tipicidad de cada infracción imputada a tu empresa. Si necesitas defenderte frente a una sanción administrativa, contacta con nuestro equipo.