Una de las herramientas más eficaces para defender a una empresa frente a una sanción administrativa es cuestionar su proporcionalidad. No basta con que la Administración acredite la comisión de una infracción: la sanción impuesta debe ser adecuada, necesaria y proporcionada a la gravedad real de los hechos. Conocer los criterios legales de graduación puede ser decisivo para reducir el importe de una multa o incluso lograr su anulación.
La sanción no puede ser más rentable que cumplir la norma
El principio de proporcionalidad exige, en primer lugar, que el establecimiento de sanciones pecuniarias garantice que la comisión de la infracción nunca resulte más beneficiosa económicamente para la empresa infractora que el cumplimiento de la norma. Esta lógica de desaliento económico —que en ámbitos como la defensa de la competencia se ha desarrollado mediante metodologías de análisis económico muy sofisticadas— explica por qué algunas sanciones administrativas, especialmente en materia de competencia o mercado de valores, pueden alcanzar importes muy elevados: buscan neutralizar cualquier incentivo económico a infringir la norma.
Los criterios de graduación que pueden jugar a favor de tu empresa
A la hora de imponer una sanción concreta dentro de los márgenes legales, la Administración debe valorar especialmente cuatro criterios: el grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad, la continuidad o persistencia en la conducta infractora, la naturaleza del perjuicio causado, y la reincidencia (entendida como la comisión de más de una infracción firme de la misma naturaleza en el plazo de un año). Cada uno de estos criterios puede utilizarse activamente en la defensa de tu empresa: acreditar la ausencia de intencionalidad, el carácter aislado del incumplimiento, la escasa entidad del perjuicio causado o la inexistencia de antecedentes son argumentos que deben plasmarse expresamente en las alegaciones al expediente sancionador.
Además, la ley permite expresamente que el órgano sancionador imponga la sanción en el grado inferior cuando así lo justifique la adecuada proporción entre la sanción y la gravedad de los hechos y las circunstancias concurrentes, una posibilidad que conviene invocar siempre que existan elementos atenuantes en el caso concreto de tu empresa.
Infracción continuada versus infracciones instantáneas repetidas
Cuando la comisión de una infracción conlleva necesariamente la comisión de otra (concurso ideal), solo debe imponerse la sanción correspondiente a la infracción más grave, sin acumular sanciones. Distinta es la figura de la infracción continuada, que se produce cuando la empresa realiza una pluralidad de acciones que infringen el mismo o semejantes preceptos, en ejecución de un plan preconcebido o aprovechando idéntica ocasión: en estos casos se impone una única sanción por infracción continuada, en lugar de sumar el castigo por cada acto individual. Esta distinción, y su diferenciación respecto de infracciones instantáneas simplemente reiteradas en el tiempo, puede suponer una diferencia muy significativa en el importe final de la sanción impuesta a tu empresa.
Una regla procedimental que puede evitar sanciones múltiples
La normativa establece una garantía relevante: no pueden iniciarse nuevos procedimientos sancionadores por hechos o conductas en cuya comisión el infractor persista de forma continuada, mientras no haya recaído una primera resolución sancionadora con carácter ejecutivo. Esto impide que la Administración fraccione artificialmente una conducta continuada en múltiples expedientes sancionadores sucesivos, una práctica que, de producirse, puede ser combatida por tu empresa.
La reducción por pago voluntario: una vía práctica para cerrar el expediente
La ley reconoce a las empresas la posibilidad de poner fin al procedimiento mediante el pago voluntario de la sanción propuesta en cualquier momento anterior a la resolución definitiva, lo que conlleva una rebaja mínima del 20 por 100 sobre el importe de las sanciones pecuniarias, porcentaje que puede ser incrementado por vía reglamentaria en determinados ámbitos sectoriales. Es importante saber que acogerse a esta reducción no impide posteriormente interponer recurso contencioso-administrativo contra la sanción, si tu empresa considera que existen fundamentos jurídicos suficientes para impugnarla, aunque conviene valorar cuidadosamente esta estrategia con asesoramiento especializado.
Cómo te ayudamos desde LRB Tax & Legal
Cuestionar la proporcionalidad de una sanción, identificar errores en su graduación o valorar la conveniencia del pago voluntario con reducción son decisiones estratégicas que pueden suponer un ahorro económico muy relevante para tu empresa. Desde LRB Tax & Legal revisamos cada expediente sancionador con el objetivo de minimizar el impacto económico y reputacional para tu negocio. Si tu empresa ha recibido una propuesta de sanción que consideras desproporcionada, contacta con nuestro equipo.