Recibir la notificación de un expediente sancionador es una de las experiencias más habituales —y más temidas— en la relación entre una empresa y la Administración pública. Ya sea en materia tributaria, de consumo, medioambiental, laboral o de competencia, comprender cómo funciona la potestad sancionadora administrativa y qué garantías protegen a tu empresa frente a su ejercicio es el primer paso para defenderte con eficacia.
Qué es la potestad sancionadora y por qué la tiene la Administración
La potestad sancionadora es el poder que ostenta la Administración para constatar el incumplimiento de una norma e imponer, tras el correspondiente procedimiento, una sanción a la persona física o jurídica responsable. Se trata de una técnica represiva cuya doble finalidad es castigar el incumplimiento y disuadir de su repetición futura. Aunque en un modelo estricto de división de poderes esta función debería corresponder en exclusiva a los tribunales, nuestro ordenamiento —como la mayoría de los países de nuestro entorno— reconoce a la Administración esta capacidad de autotutela, sometida eso sí a intensas garantías constitucionales.
El propio Tribunal Constitucional ha reconocido que un sistema en el que solo los jueces pudieran sancionar nunca ha funcionado históricamente, admitiendo la convivencia de dos subsistemas represivos: el penal, en manos de los tribunales, y el administrativo sancionador, en manos del poder ejecutivo, cada uno sometido a sus propias reglas de garantía.
El artículo 25 de la Constitución: el escudo jurídico de tu empresa
El artículo 25.1 de la Constitución eleva a derecho fundamental la legalidad sancionadora: nadie puede ser sancionado por acciones u omisiones que, en el momento de producirse, no constituyan infracción administrativa según la legislación vigente en ese momento. Esta garantía, equiparada a la legalidad penal, tiene consecuencias muy concretas para tu empresa: exige que toda infracción y sanción esté prevista en una norma con rango de ley (reserva de ley sancionadora), y que las conductas prohibidas estén definidas con la suficiente precisión (principio de tipicidad).
Además, este derecho fundamental puede defenderse por la vía especial y sumaria de protección de derechos fundamentales ante la jurisdicción contencioso-administrativa, y, en última instancia, mediante recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, lo que da a tu empresa un cauce reforzado de defensa cuando considera que una sanción vulnera esta garantía.
Un límite absoluto: nunca privación de libertad
El artículo 25.3 de la Constitución establece un límite material infranqueable: la Administración civil nunca puede imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad. Cualquier sanción a tu empresa, por severa que sea, deberá siempre traducirse en consecuencias patrimoniales, restricciones de derechos o de actividad, pero nunca en el encarcelamiento de sus responsables por la vía administrativa.
La irretroactividad: aplicación de la norma más favorable
Otra garantía esencial recogida en el artículo 9.3 de la Constitución es la prohibición de retroactividad de las disposiciones sancionadoras desfavorables. Esto significa que a tu empresa solo se le puede aplicar la normativa vigente en el momento de los hechos, salvo que una norma posterior resulte más favorable, en cuyo caso debe aplicarse retroactivamente incluso si el procedimiento sancionador ya está en curso o la sanción está pendiente de ejecución. Esta regla no se limita a la tipificación de la infracción, sino que también alcanza a los plazos de prescripción y a las medidas accesorias como decomisos o clausuras.
Las garantías del artículo 24 CE, con matices
El procedimiento sancionador debe respetar las garantías procedimentales del artículo 24 de la Constitución: derecho a la tutela judicial efectiva, prohibición de indefensión, derecho a ser informado de la acusación, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a no declarar contra uno mismo y a la presunción de inocencia. Ahora bien, el Tribunal Constitucional ha matizado que esta traslación no es automática ni mimética respecto del proceso penal, sino que se adapta a la posición constitucional de la Administración como servidora de los intereses generales. Para tu empresa, esto significa que estas garantías operan con toda su fuerza, pero su aplicación concreta en cada procedimiento puede presentar matices que conviene conocer bien.
¿Quién tiene competencia para sancionar a tu empresa?
La titularidad de la potestad sancionadora está ligada a la competencia sustantiva sobre la materia de que se trate: si una comunidad autónoma tiene competencia sobre una materia (consumo, medio ambiente, comercio), también puede aprobar su propio régimen sancionador y ejecutarlo. No obstante, el Estado ha fijado, al amparo de sus competencias sobre las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas, un marco común de principios sustantivos y procedimentales que garantiza que tu empresa reciba un tratamiento homogéneo con independencia de qué Administración territorial ejerza la potestad sancionadora.
Cómo te ayudamos desde LRB Tax & Legal
Enfrentarse a un expediente sancionador exige conocer con precisión las garantías constitucionales y legales que protegen a tu empresa desde el primer momento. Desde LRB Tax & Legal analizamos la legalidad de la actuación sancionadora, verificamos el respeto a tus derechos procedimentales y te representamos ante la Administración y, si es necesario, ante los tribunales. Si tu empresa ha recibido la notificación de un expediente sancionador, contacta con nuestro equipo.