Uno de los debates jurídicos más relevantes en el ámbito del derecho tributario sancionador es la tensión entre el deber general de colaboración del obligado tributario con la Administración y el derecho fundamental a no declarar contra sí mismo, reconocido constitucionalmente y de aplicación, con matices, también en el ámbito administrativo sancionador.
El deber de colaboración como regla general
Como se ha explicado en relación con los requerimientos de información, el obligado tributario tiene un deber legal de aportar a la Administración toda clase de datos, informes y justificantes con trascendencia tributaria, deber que constituye la regla general en el desarrollo de cualquier procedimiento de comprobación o inspección.
El límite del derecho a no autoinculparse
Sin embargo, quiere el ordenamiento reconocer que, cuando ya existe un procedimiento sancionador iniciado o cuando la información requerida pudiera utilizarse directamente para fundamentar una sanción o una imputación penal, el deber de aportar esa información específica puede entrar en tensión con el derecho a no autoinculparse. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido especialmente relevante en esta materia, al distinguir entre la información que el contribuyente está obligado a generar y conservar por mandato legal, como la documentación contable, y aquella que implicaría una declaración autoinculpatoria en sentido estricto.
Diferencia entre datos preexistentes y declaraciones autoinculpatorias
El criterio jurisprudencial dominante distingue entre la aportación de documentos y datos que el contribuyente está obligado a mantener y conservar independientemente de cualquier procedimiento sancionador, como facturas, libros contables o justificantes bancarios, cuya aportación no vulnera el derecho a no autoinculparse por tratarse de información preexistente cuya existencia no depende de la voluntad del obligado tributario en el momento del requerimiento, y la exigencia de manifestaciones o declaraciones activas que impliquen un reconocimiento directo de una conducta infractora, respecto de las cuales el derecho a no autoinculparse despliega una protección más intensa.
Aplicación práctica en el procedimiento de inspección
En la práctica, esto significa que el obligado tributario no puede negarse, invocando este derecho, a aportar su documentación contable o los justificantes de sus operaciones, pero sí puede, con mayor fundamento, guardar cautela frente a preguntas o requerimientos de manifestación directa sobre hechos que pudieran ser posteriormente calificados como constitutivos de infracción o delito, especialmente una vez que el procedimiento ha derivado hacia una fase con un componente sancionador claramente perfilado.
Relación con el delito fiscal
Esta cuestión adquiere una relevancia especial cuando el procedimiento de comprobación puede derivar hacia un posible delito fiscal, momento a partir del cual las garantías propias del proceso penal, incluido el derecho a no declarar contra uno mismo en su vertiente más amplia, adquieren plena aplicación, lo que refuerza la necesidad de contar con asesoramiento especializado desde el momento en que se aprecien indicios de esta naturaleza.
Recomendaciones prácticas
Ante cualquier requerimiento de manifestación directa sobre hechos que puedan tener trascendencia sancionadora o penal, resulta recomendable no realizar declaraciones espontáneas sin la debida asesoría previa, limitarse a aportar la documentación objetivamente exigible, y valorar, con asistencia letrada, el alcance y el momento adecuado para cualquier manifestación que pudiera comprometer la posición de defensa posterior.
Preguntas frecuentes
¿Puedo negarme a entregar mi contabilidad alegando este derecho?
No, la contabilidad y los justificantes de las operaciones son información preexistente que el obligado tributario debe conservar y aportar, sin que su entrega vulnere el derecho a no autoinculparse.
¿Puedo negarme a responder preguntas del actuario durante una comparecencia?
Es posible plantear reservas fundadas ante preguntas que impliquen un reconocimiento directo de conducta infractora, especialmente en fases avanzadas del procedimiento con componente sancionador.
¿Este derecho se aplica igual en el procedimiento administrativo que en el penal?
No exactamente; el derecho despliega su máxima intensidad en el ámbito penal, mientras que en el procedimiento administrativo tributario su aplicación es más matizada y limitada.
Cómo te ayudamos desde LRB Tax & Legal
En LRB Tax & Legal asesoramos a contribuyentes sobre el alcance de sus derechos de defensa durante un procedimiento de inspección, incluido el derecho a no autoinculparse. Escríbenos a Contacto@LRB.es.