Solicitar una subvención pública parece, a primera vista, un trámite sencillo: presentar una solicitud, cumplir unos requisitos y recibir el dinero. Sin embargo, detrás de cualquier subvención hay un régimen jurídico exigente, diseñado precisamente para evitar el uso arbitrario de los fondos públicos, y cuyo desconocimiento puede acabar costando a tu empresa la devolución de lo recibido, con intereses, e incluso una sanción. Conocer los elementos que definen legalmente una subvención es el primer paso para gestionar correctamente cualquier ayuda pública que reciba tu negocio.
Qué es, legalmente, una subvención
El artículo 2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (LGS), define la subvención como una disposición dineraria realizada por una Administración a favor de personas públicas o privadas, en la que deben concurrir tres requisitos acumulativos. El primero es que se trate de una disposición dineraria, es decir, un desembolso efectivo de fondos públicos: esto excluye del régimen de la LGS tanto las medidas de fomento por ahorro de gasto —como las exenciones o beneficios fiscales— como las ayudas en especie, como la cesión de espacios o infraestructuras públicas. El segundo requisito es la ausencia de contraprestación directa: aunque la subvención obliga a tu empresa a desarrollar una actividad o alcanzar un resultado, esa obligación no consiste en entregar un bien o prestar un servicio a la propia Administración concedente, lo que distingue a la subvención de un contrato público. El tercer requisito es el carácter modal o de afectación: la subvención se concede siempre condicionada a que tu empresa haga (o deje de hacer) algo concreto, vinculado al fomento de una actividad de utilidad pública o interés social.
Por qué esta definición importa tanto
Que una medida encaje o no en esta definición legal determina si le resulta aplicable el completo entramado de obligaciones formales y procedimentales de la LGS: plan estratégico previo, bases reguladoras, procedimiento de concesión, justificación, comprobación y régimen de reintegro. Por eso, ante cualquier ayuda pública que reciba tu empresa —ya sea una subvención en sentido estricto, una exención fiscal o una cesión de uso de infraestructuras públicas— conviene identificar correctamente su naturaleza jurídica, porque el régimen aplicable, y las obligaciones que de él se derivan, pueden ser muy distintos.
Solo dentro de las competencias de quien concede la subvención
Un límite fundamental, poco conocido pero relevante, es que las Administraciones públicas únicamente pueden establecer subvenciones dentro de sus respectivos ámbitos competenciales: la titularidad de una competencia sobre una materia lleva consigo la de establecer subvenciones para promover objetivos relacionados con ella, pero no puede utilizarse el poder de gasto para invadir materias sobre las que la Administración concedente carece de competencia. El Tribunal Constitucional ha interpretado, no obstante, de forma muy amplia los títulos competenciales que permiten al Estado emplear su poder de gasto, lo que en la práctica amplía considerablemente el margen de las distintas Administraciones para conceder ayudas en ámbitos muy diversos.
Subvenciones y ayudas de Estado: dos regímenes que pueden solaparse
Es fundamental entender que la normativa española sobre subvenciones y la normativa europea sobre ayudas de Estado no coinciden exactamente en su ámbito de aplicación. El concepto de «ayuda de Estado» del Derecho de la Unión es más amplio que el de «subvención» de la LGS, de modo que una misma medida puede estar sujeta simultáneamente a ambos regímenes (como sucede con la mayoría de subvenciones a empresas), solo a la normativa nacional (como ocurre con muchas subvenciones sociales), o solo a la normativa europea (como sucede con determinadas medidas fiscales que no son subvenciones en sentido estricto pero sí pueden constituir ayuda de Estado). Si tu empresa recibe una subvención, conviene verificar siempre si además tiene la consideración de ayuda de Estado, porque en ese caso se activan obligaciones adicionales de comunicación previa a la Comisión Europea, cuya omisión constituye, por sí sola, causa de reintegro de la subvención recibida.
Las obligaciones básicas que asume tu empresa al aceptar una subvención
Aceptar una subvención implica para tu empresa un conjunto de obligaciones legales que conviene tener presentes desde el primer momento: cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamentó la concesión; justificar documentalmente ante la Administración el cumplimiento de esas condiciones; someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero que la Administración pueda acordar; y comunicar a la entidad concedente la obtención de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, dado que la normativa establece límites e incompatibilidades que deben respetarse. El incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones puede desencadenar el procedimiento de reintegro de la subvención, con los correspondientes intereses de demora, e incluso la incoación de un expediente sancionador.
Cómo te ayudamos desde LRB Tax & Legal
En LRB Tax & Legal analizamos la naturaleza jurídica de las ayudas públicas que recibe tu empresa, identificamos si están sujetas al régimen de subvenciones, al de ayudas de Estado, o a ambos, y te acompañamos en el cumplimiento de las obligaciones de justificación y comprobación para minimizar el riesgo de reintegro. Si tu empresa ha solicitado o recibido una subvención pública y necesita asesoramiento sobre sus obligaciones, contacta con nuestro equipo.