Si tu empresa opera en el sector postal, energético, de telecomunicaciones o del transporte, es muy probable que su actividad esté encuadrada jurídicamente como un servicio de interés económico general (SIEG), una categoría del Derecho de la Unión Europea que determina un régimen jurídico muy específico: sometimiento a las reglas de la competencia, pero con la posibilidad de que se te impongan obligaciones especiales de servicio público. Entender este marco resulta esencial para cualquier empresa que compita en estos sectores liberalizados.
De los grandes monopolios públicos a los mercados liberalizados
Durante buena parte del siglo XX, los grandes servicios de contenido económico —agua, electricidad, transporte, telecomunicaciones— se prestaban en régimen de monopolio público, mediante un acto formal de publicatio por el que la titularidad de la actividad pasaba a manos del Estado, excluyendo a los operadores privados. Este modelo entró en crisis a partir de los años ochenta, y el Derecho de la Unión Europea, apoyándose en el artículo 106 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), impulsó decididamente su liberalización: el fin de los grandes monopolios públicos y la creación de mercados en los que operadores públicos y privados compiten en igualdad de condiciones, sin que ninguno pueda recibir ayudas, transferencias o privilegios que falseen la competencia.
Qué distingue un servicio de interés económico general de otras actividades de interés general
El Derecho de la Unión distingue entre servicios de interés económico general (SIEG), que ponen en el mercado bienes y servicios a cambio de una contraprestación económica y quedan plenamente sometidos a las reglas de la competencia, y servicios de interés no económico general, que carecen de finalidad lucrativa y se basan en la solidaridad y la cohesión social —como los sistemas de seguridad social obligatorios, la educación o la sanidad—, quedando estos últimos excluidos del ámbito de aplicación del artículo 106 TFUE. Esta distinción, avalada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su jurisprudencia sobre los sistemas de seguridad social, tiene una enorme trascendencia práctica: solo si tu empresa opera en un SIEG le resultan aplicables plenamente las reglas de competencia europeas y, correlativamente, solo entonces puede beneficiarse (o verse sometida a las limitaciones) del régimen especial que analizamos a continuación.
Corresponde, en principio, a cada Estado miembro decidir libremente qué actividades considera servicios de interés económico general, si bien el propio Derecho de la Unión también puede calificar como tales ciertas actividades, como ha hecho con determinados servicios postales.
Sometimiento a la competencia, con una excepción crucial
El artículo 106.2 TFUE somete a las empresas que gestionan SIEG a las reglas de la competencia, pero únicamente «en la medida en que» su aplicación no impida, de hecho o de Derecho, el cumplimiento de la misión específica que tienen encomendada. Esta excepción es la que permite, en la práctica, que los poderes públicos impongan a los operadores de sectores liberalizados obligaciones de servicio público —estándares de calidad, cobertura o precio— que de otro modo podrían considerarse restricciones ilegítimas a la libre competencia. Si tu empresa opera bajo este régimen, debe tener presente que estas obligaciones no son opcionales ni negociables: forman parte de las condiciones bajo las cuales se le permite operar en el mercado.
El papel de las autoridades independientes
La vigilancia del correcto funcionamiento de estos sectores liberalizados corresponde a autoridades administrativas independientes, cuya función es velar por la libre competencia entre operadores, controlar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público impuestas y garantizar la efectiva prestación del servicio universal. En nuestro país, la autoridad de referencia para los principales sectores liberalizados es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuyas resoluciones y criterios interpretativos resultan fundamentales para cualquier empresa que opere en estos mercados regulados.
Qué implica en la práctica para tu empresa
Operar en un sector calificado como SIEG tiene consecuencias muy concretas: tu empresa compite en igualdad de condiciones con otros operadores, sin que la Administración pueda otorgar privilegios injustificados a ningún competidor; pero, a la vez, puede verse sometida a obligaciones de servicio público específicas —tarifarias, de cobertura, de calidad— que no se imponen a empresas de sectores no regulados. Si tu empresa recibe una imposición de este tipo de obligaciones, o si detecta que un competidor está recibiendo un trato de favor incompatible con las reglas de la competencia europea, dispone de vías jurídicas concretas, tanto ante la CNMC como ante los tribunales, para hacer valer sus derechos.
Cómo te ayudamos desde LRB Tax & Legal
En LRB Tax & Legal analizamos la calificación jurídica de la actividad de tu empresa dentro del marco de los servicios de interés económico general, revisamos el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que puedan resultarte exigibles, y te representamos ante la CNMC y los tribunales en defensa de la libre competencia en tu sector. Si tu empresa opera en un sector liberalizado y necesita asesoramiento sobre su marco regulatorio, contacta con nuestro equipo.