Toda empresa que trata habitualmente con la Administración —tramitando licencias, participando en licitaciones, gestionando subvenciones o simplemente resolviendo expedientes— se relaciona a diario con personas concretas: técnicos, inspectores, jefes de servicio. Saber qué exige la ley a esos empleados públicos en su trato contigo no es solo cuestión de cultura general jurídica: es una herramienta práctica para detectar comportamientos irregulares, protegerte frente a peticiones indebidas y entender por qué determinadas atenciones comerciales pueden ser, sencillamente, ilegales de aceptar por la otra parte.
El código de conducta que rige a todo empleado público
El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) establece un catálogo de principios generales de obligado cumplimiento para cualquier persona que trabaje para la Administración: objetividad, integridad, neutralidad, imparcialidad, confidencialidad, transparencia y honradez, entre otros. Estos principios no son meras declaraciones de intenciones sin consecuencias: su infracción da lugar a la apertura de expedientes disciplinarios que pueden acabar en sanción. Para tu empresa, conocer este marco te permite identificar cuándo el comportamiento de un interlocutor público se aparta de lo exigible y actuar en consecuencia.
La prohibición de aceptar regalos: no es una cuestión de cortesía
Uno de los deberes de conducta más concretos y con mayor impacto práctico para las empresas es la prohibición expresa de que los empleados públicos acepten «tratos de favor» o regalos que excedan los usos sociales y de cortesía. Esto tiene una lectura directa para cualquier compañía que se relacione con la Administración: invitaciones, obsequios de valor significativo o atenciones desproporcionadas a un funcionario no solo son inadecuadas desde el punto de vista comercial, sino que pueden colocar a esa persona en una situación de infracción disciplinaria y, dependiendo de la naturaleza y el contexto, exponer también a la empresa a consecuencias legales por facilitar ese incumplimiento. Las políticas internas de compliance de cualquier empresa que trate con el sector público deberían fijar límites claros y conocidos por todo el equipo comercial.
Abstención y conflicto de intereses: por qué a veces «ese técnico no puede tramitar tu expediente»
El régimen de conducta obliga a los empleados públicos a abstenerse de intervenir en asuntos en los que tengan un interés personal o pueda existir un conflicto de intereses. Si tu empresa detecta que el funcionario encargado de tramitar tu expediente tiene algún vínculo personal, familiar o económico contigo —por ejemplo, ha trabajado anteriormente para tu compañía, o un familiar directo tiene intereses en el asunto—, tienes derecho a plantear la recusación de esa persona. Este mecanismo, regulado con carácter general en la legislación de procedimiento administrativo, existe precisamente para garantizar que las decisiones que afectan a tu empresa se adopten con plena objetividad.
La prohibición de favorecer o perjudicar de forma injustificada
El EBEP también prohíbe expresamente que los empleados públicos influyan en la agilización o resolución de trámites privilegiando o perjudicando de forma injustificada a unos administrados frente a otros. Esta previsión es especialmente relevante en sectores donde la competencia entre empresas por licencias, autorizaciones o adjudicaciones es intensa: si tu empresa sospecha que un competidor está recibiendo un trato de favor injustificado en la tramitación de sus expedientes, o que la tuya está sufriendo ralentizaciones deliberadas, este principio ofrece una base jurídica sólida para reclamar, incluyendo la posibilidad de denunciar el comportamiento ante los canales de integridad de la propia Administración.
El deber de resolver diligentemente y en plazo
Otro de los deberes de conducta impuestos por el EBEP es la obligación de resolver diligentemente y dentro de plazo los asuntos encomendados. Este deber conecta directamente con los derechos que ya tiene tu empresa frente al silencio administrativo o la demora injustificada en la resolución de expedientes: cuando una Administración se retrasa sistemáticamente, no solo puede estar incurriendo en silencio administrativo con sus efectos jurídicos propios, sino que el empleado público responsable puede estar incumpliendo, además, un deber de conducta específico y exigible.
Confidencialidad y uso de información privilegiada
Los empleados públicos están sujetos también a un deber de confidencialidad respecto de la información a la que acceden en el ejercicio de sus funciones. Esto tiene una proyección clara para las empresas: los datos comerciales, técnicos o financieros que tu compañía aporta en un procedimiento administrativo (una licitación, una solicitud de subvención, una inspección) no pueden ser utilizados ni divulgados por el funcionario que los conoce fuera del estricto ámbito de su función. Si detectas que información sensible de tu empresa ha sido filtrada o utilizada indebidamente, existe base para exigir responsabilidad tanto disciplinaria como, en su caso, patrimonial frente a la Administración.
Cómo te ayudamos desde LRB Tax & Legal
En LRB Tax & Legal asesoramos a empresas que se relacionan de forma habitual con la Administración para diseñar protocolos internos de relación con empleados públicos, identificar comportamientos irregulares en la tramitación de expedientes y, cuando es necesario, canalizar denuncias o reclamaciones ante los órganos de integridad y control competentes. Si crees que tu empresa está siendo objeto de un trato irregular por parte de un funcionario, o necesitas asesoramiento preventivo en materia de compliance frente al sector público, contacta con nuestro equipo.