Cuando una ley o un reglamento no resuelven con claridad el problema al que se enfrenta tu empresa frente a la Administración, no significa que no exista Derecho aplicable. Los principios generales del Derecho —seguridad jurídica, confianza legítima, buena fe, interdicción de la arbitrariedad— cumplen un papel esencial en el Derecho administrativo, y conocer cómo funcionan puede marcar la diferencia entre un recurso bien fundamentado y uno que se queda corto.
Dos tipos de principios con funciones muy distintas
No todos los principios generales del Derecho operan de la misma manera. Existen principios no escritos, que actúan como fuente subsidiaria: solo se aplican cuando no existe ley ni costumbre aplicable al caso. Y existen principios positivizados —recogidos expresamente en una norma escrita, ya sea la Constitución o una ley—, que no son fuente subsidiaria sino norma de aplicación directa y primaria, con la misma fuerza que la ley o la Constitución en la que están recogidos.
Esta distinción tiene consecuencias muy prácticas. Principios como la interdicción de la arbitrariedad o la seguridad jurídica, recogidos expresamente en el artículo 9.3 de la Constitución, o la buena fe, la confianza legítima y la lealtad institucional, recogidos en la legislación del sector público, no son un recurso de última hora que solo cabe invocar cuando «no hay nada más que alegar»: son normas jurídicas de pleno derecho, invocables directamente y con la misma fuerza que cualquier otra disposición legal.
La función «informadora»: por qué el Derecho administrativo es más que la suma de sus normas
Más allá de su aplicación directa, los principios generales cumplen una función de fondo: dan coherencia y unidad a todo el sistema, sirviendo como criterio de interpretación de las normas escritas. Esta es la razón por la que el artículo 103.1 de la Constitución exige que la Administración actúe con sometimiento pleno «a la ley y al Derecho» —y no solo a la ley—: el Derecho administrativo es un conjunto más amplio que el mero listado de preceptos legales, porque incluye también los principios que dan sentido y coherencia a esas normas. Para tu empresa, esto significa que, aunque una norma concreta no prohíba expresamente una actuación administrativa, esa actuación puede seguir siendo contraria a Derecho si contradice los principios generales que informan el sistema.
Los principios más útiles en la práctica frente a la Administración
De todo el catálogo de principios generales, algunos resultan especialmente relevantes en la defensa práctica de los intereses empresariales frente a la Administración. La seguridad jurídica exige claridad, estabilidad y previsibilidad de las normas y de su aplicación. La confianza legítima —derivada de la seguridad jurídica— protege a tu empresa cuando ha actuado confiando razonablemente en un comportamiento previo de la Administración que después se ve frustrado sin justificación suficiente. La interdicción de la arbitrariedad exige que toda decisión administrativa tenga una explicación racional. Y el principio de igualdad impide que la Administración trate de forma distinta a situaciones objetivamente comparables sin una justificación razonable.
Estos principios no son alternativas menores frente a un argumento «legal» propiamente dicho: en la práctica de los tribunales contencioso-administrativos, son con frecuencia el fundamento decisivo de muchos recursos que prosperan, precisamente en los ámbitos donde la Administración goza de mayor margen de decisión (discrecionalidad, conceptos jurídicos indeterminados) y donde el argumento puramente normativo es más débil.
Cómo se relacionan los principios entre sí
Los principios generales no funcionan de forma aislada, sino articulados en una jerarquía de sentido: la protección de la confianza legítima es un subprincipio de la seguridad jurídica; la seguridad jurídica, a su vez, se deriva del principio más general de Estado de Derecho. Comprender estas conexiones ayuda a construir argumentos jurídicos más sólidos: cuando el argumento específico (confianza legítima) parece débil aisladamente, puede reforzarse conectándolo con el principio más general del que deriva (seguridad jurídica, Estado de Derecho), mostrando que la actuación administrativa cuestionada no es un caso aislado, sino una manifestación de una quiebra más profunda de los valores que estructuran todo el sistema.
Por qué conviene invocar siempre estos principios, aunque exista también una norma específica aplicable
Una estrategia jurídica eficaz frente a la Administración no debe limitarse a invocar la norma específica presuntamente infringida: conviene reforzar el argumento con los principios generales que esa norma concreta desarrolla o expresa. Esto es especialmente útil cuando existe alguna duda sobre la interpretación exacta de la norma específica, porque los principios generales ofrecen un argumento adicional, más robusto frente a interpretaciones restrictivas por parte de la Administración o de un tribunal poco favorable.
Cómo te ayudamos desde LRB Tax & Legal
En LRB Tax & Legal construimos nuestros recursos administrativos y contencioso-administrativos combinando siempre el argumento normativo específico con los principios generales del Derecho que lo sustentan, reforzando así la solidez de la reclamación. Cuando la norma aplicable a tu caso deja margen de duda, los principios generales pueden ser precisamente el argumento que decante la balanza a tu favor. Si tu empresa necesita reforzar un recurso frente a la Administración, podemos ayudarte a identificar los principios generales más relevantes para tu caso.