Cuando un conflicto tributario llega a la vía judicial mediante un recurso contencioso-administrativo, la prueba pericial se somete a un régimen procesal distinto del que rige en la vía administrativa previa. Conocer estas reglas específicas es esencial para que el esfuerzo técnico y económico invertido en un informe pericial se traduzca realmente en una ventaja procesal ante el tribunal.
Marco procesal de la prueba pericial en lo contencioso-administrativo
El recurso contencioso-administrativo tributario se rige, en materia probatoria, por las reglas generales de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que a su vez remite en numerosos aspectos a la regulación de la prueba pericial de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esto significa que la prueba pericial aportada por el contribuyente en esta fase debe cumplir requisitos formales específicos, como su presentación en el momento procesal oportuno, habitualmente junto con el escrito de demanda o en el período probatorio del procedimiento, y su sujeción a las reglas de ratificación y contradicción propias del proceso judicial.
Informe pericial de parte y perito judicial
En esta fase, el contribuyente puede aportar un informe pericial de parte, elaborado por un profesional de su elección, sin perjuicio de que también pueda solicitarse la designación de un perito judicial mediante insaculación, cuya intervención se rige por reglas de imparcialidad reforzadas. Es habitual, en procedimientos de cierta complejidad técnica, que coexistan ambos tipos de prueba pericial, permitiendo al tribunal contrastar las conclusiones de cada uno de ellos antes de formar su criterio.
Ratificación y contradicción del informe
Una de las diferencias más relevantes respecto de la vía administrativa es que, en el proceso judicial, el perito puede ser llamado a ratificar su informe en juicio y a responder a las preguntas tanto de la parte que lo propuso como de la parte contraria, e incluso del propio tribunal. Este trámite de contradicción refuerza las garantías procesales de la prueba, pero también exige que el perito domine con solvencia tanto el contenido técnico de su informe como su exposición oral ante el órgano judicial.
Valoración judicial de la prueba pericial
Los tribunales valoran la prueba pericial conforme a las reglas de la sana crítica, sin que exista una jerarquía automática entre el informe pericial de la Administración, el aportado por el contribuyente y, en su caso, el del perito judicial designado. La solidez metodológica, la coherencia interna, la adecuada motivación de las conclusiones y la capacidad del perito para responder satisfactoriamente en el trámite de ratificación son factores que influyen decisivamente en el peso que el tribunal otorgue finalmente a cada informe.
Relación con la prueba pericial practicada en fases anteriores
Cuando el contribuyente ya aportó un informe pericial en fases previas, como en el propio procedimiento de inspección o en una reclamación económico-administrativa, ese informe puede reiterarse o actualizarse en la vía contencioso-administrativa, lo que con frecuencia refuerza la coherencia y la credibilidad de la posición mantenida por el contribuyente a lo largo de todo el conflicto.
Preguntas frecuentes
¿Es obligatorio aportar prueba pericial en un recurso contencioso-administrativo tributario?
No, depende de la naturaleza de la controversia; solo resulta necesaria cuando el objeto del recurso incluye cuestiones técnicas que requieren un análisis experto especializado.
¿Puedo solicitar un perito judicial si no puedo costear un informe de parte?
Sí, es posible solicitar la designación judicial de un perito, sujeta a las reglas procesales correspondientes sobre provisión de fondos y costas.
¿El tribunal está obligado a seguir las conclusiones del perito judicial?
No, el tribunal valora la prueba pericial conforme a las reglas de la sana crítica, pudiendo apartarse motivadamente de sus conclusiones si existen razones fundadas para ello.
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