Si tu empresa opera en energía, telecomunicaciones, transporte ferroviario o servicios postales, es prácticamente seguro que en algún momento tendrá que relacionarse con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el principal ejemplo español del modelo institucional que ha terminado por definir la actividad de regulación económica: la agencia reguladora independiente. Entender qué es esta figura, por qué goza de un estatuto especial y qué potestades ejerce sobre tu sector resulta esencial para cualquier empresa que opere en un mercado regulado.
Por qué la regulación económica necesita un modelo institucional distinto
El modelo burocrático y jerárquico de Administración, adecuado para la actividad autorizatoria clásica, y el modelo gerencial que estructuró tradicionalmente la prestación de servicios públicos, han resultado insuficientes para desplegar la actividad de regulación económica de los mercados liberalizados. Esta actividad exige, por su propia naturaleza, un grado de autonomía técnica y una capacidad de reacción continua frente a los cambios del mercado que resultan difíciles de conciliar con una dependencia jerárquica estricta respecto del Gobierno. De ahí que el modelo de la agencia reguladora, de origen norteamericano, se haya convertido en el modelo institucional prevalente para el ejercicio de estas funciones en toda Europa.
Qué es, legalmente, una autoridad administrativa independiente
El artículo 109 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, define las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal como entidades de Derecho público que, vinculadas a la Administración General del Estado y dotadas de personalidad jurídica propia, tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión externa sobre sectores económicos o actividades determinadas, precisamente porque su desempeño requiere independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado, extremo que debe determinarse siempre mediante una norma con rango de ley. La CNMC es el ejemplo paradigmático de este modelo en nuestro país, con competencias que se extienden tanto a la garantía de la competencia en el conjunto de la economía como a la regulación sectorial específica de la energía, las comunicaciones electrónicas y audiovisuales, el transporte ferroviario y aeroportuario, y los servicios postales.
Las garantías de independencia que blindan a estas agencias
La independencia de las agencias reguladoras no es una simple declaración formal: se articula mediante un conjunto de garantías concretas que conviene conocer porque afectan directamente a la seguridad jurídica de las decisiones que estas agencias adoptan sobre tu empresa. Entre ellas destacan el carácter experto de sus miembros, un procedimiento de nombramiento en el que puede participar el Parlamento (y no solo el Gobierno), la duración determinada de sus mandatos, la limitación tasada de las causas de cese anticipado, la revisión jurídica de sus decisiones ante los tribunales, y su autonomía presupuestaria. Estas garantías han sido objeto de un intenso control por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha llegado a considerar contraria al Derecho europeo una reforma institucional española —la fusión de varios reguladores sectoriales que dio origen a la propia CNMC— en lo relativo al cese anticipado de vocales por causas no contempladas legalmente, precisamente por poner en riesgo su independencia efectiva.
La separación entre regulación y gestión: por qué importa a tu empresa
Un principio fundamental que rige la actuación de estas agencias es la separación entre las actividades de regulación y las de gestión: cuando entidades del sector público prestan directamente servicios en mercados liberalizados —como sucede con la sociedad estatal de correos o el operador ferroviario público—, el Derecho europeo exige que las funciones de supervisión y regulación del sector queden completamente diferenciadas de la actividad prestacional, precisamente para evitar que el regulador favorezca a la empresa pública que compite con operadores privados. Esta separación es la garantía de que, si tu empresa compite con un operador público en un mercado liberalizado, ambas partes están sometidas al mismo árbitro independiente, sin que este tenga incentivos estructurales para favorecer a ninguna de ellas.
Funciones concretas que ejerce la CNMC sobre tu empresa
Más allá de la supervisión general de la competencia —incluyendo el control de concentraciones económicas y la sanción de conductas colusorias o de abuso de posición dominante—, la CNMC y los reguladores sectoriales ejercen funciones muy concretas que pueden afectar directamente a la actividad de tu empresa: resolución de conflictos de acceso a redes esenciales entre operadores, fijación y supervisión de precios regulados, control del cumplimiento de obligaciones de servicio universal y de servicio público, y participación en redes europeas de reguladores para garantizar una aplicación armonizada del Derecho sectorial de la Unión —por ejemplo, a través del Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas o la Agencia de Cooperación de Reguladores de Energía—.
Cómo te ayudamos desde LRB Tax & Legal
En LRB Tax & Legal representamos a empresas en procedimientos ante la CNMC y otros reguladores sectoriales, ya sea en materia de resolución de conflictos de acceso a redes, control de concentraciones o procedimientos sancionadores, y analizamos el marco competencial y las garantías de independencia de las agencias reguladoras que afectan a tu sector. Si tu empresa necesita representación ante un regulador independiente, contacta con nuestro equipo.