Energía, telecomunicaciones, transporte ferroviario, servicios postales, banca o mercados de valores comparten una característica jurídica común: son lo que el Derecho administrativo denomina «mercados regulados», sectores sometidos a un control administrativo de intensidad especialmente elevada. Si tu empresa opera, o quiere entrar a operar, en alguno de estos sectores, entender la lógica de la regulación económica te permite anticipar tanto las oportunidades como las cargas que conlleva.
De la intervención administrativa clásica a la regulación económica
La regulación administrativa, en el sentido con el que hoy se emplea este término —de origen anglosajón—, designa algo más amplio que la simple aprobación de normas: engloba cualquier actividad de intervención de la Administración orientada a conciliar el libre ejercicio de actividades económicas con la protección de bienes jurídicos constitucionalmente relevantes, dentro del marco de una economía social de mercado. A diferencia del Derecho administrativo económico clásico —que asumía con naturalidad la intervención pública en la economía, incluyendo la reserva de actividades enteras a la titularidad pública—, la regulación parte de una premisa distinta: el mercado es el mecanismo ordenador básico de la vida económica, y la intervención administrativa cumple una función complementaria o subsidiaria de su funcionamiento, no sustitutiva.
Por qué algunos sectores requieren regulación intensa
La regulación se intensifica especialmente en dos tipos de mercados. El primero son aquellos afectados por un monopolio natural: sectores en los que, por la naturaleza de la actividad —costes fijos muy elevados, necesidad de una infraestructura en red—, resulta menos costoso que la producción recaiga en un único operador, lo que dificulta o impide la entrada de competidores. Es lo que ocurre en las redes de transporte de electricidad, en la distribución de gas o en la infraestructura ferroviaria: una vez efectuada la inversión en la red, ampliar la producción no incrementa proporcionalmente los costes, lo que hace prácticamente inviable que compitan varias redes paralelas. El segundo tipo son los mercados financieros —banca, valores, seguros—, que aunque no presentan limitaciones intrínsecas a la competencia, se someten a una regulación de alta intensidad por el papel esencial que desempeñan en la financiación de la economía real y por los riesgos sistémicos que puede generar su inestabilidad.
La estrategia regulatoria: recrear el mercado antes que sustituirlo
Frente al modelo tradicional de reserva de la actividad a un único operador —ya fuera un privado intensamente regulado, en el modelo norteamericano, o la propia Administración mediante gestión directa o concesión, en el modelo europeo de servicio público—, la regulación económica actual persigue introducir competencia allí donde sea posible, incluso en sectores con limitaciones intrínsecas. La estrategia se despliega en varios niveles: primero, se busca recrear las condiciones que permiten el funcionamiento del mercado, típicamente garantizando el acceso de todos los operadores interesados a la infraestructura esencial controlada por el operador histórico; si, pese a ello, el mercado no asegura una provisión adecuada de servicios básicos, la regulación se orienta a garantizar el acceso ciudadano mediante la imposición de obligaciones de servicio público a uno o varios operadores.
Qué implica esto en la práctica para tu empresa
Si tu empresa opera en un mercado regulado, conviene tener presentes varios rasgos que distinguen esta forma de intervención administrativa de la actividad de ordenación y control tradicional. En primer lugar, su carácter dinámico y continuo: la regulación no se limita a un control puntual al inicio de la actividad, sino que acompaña a la empresa a lo largo de toda su vida operativa, ajustándose a los cambios tecnológicos, a las fusiones o absorciones que alteren el mapa competitivo, o a crisis sobrevenidas. En segundo lugar, su fuerte orientación a la eficacia y a la eficiencia económica, lo que explica la importancia que se concede al criterio experto del regulador frente a consideraciones puramente políticas. Y en tercer lugar, la amplia discrecionalidad que la ley reconoce al regulador para elegir los instrumentos concretos con los que perseguir los fines de interés general que el legislador ha fijado —lo que exige a las empresas seguir muy de cerca la actividad normativa e interpretativa del regulador de su sector, más allá de la ley que crea el marco general.
Diversificación de las técnicas: no todo es autorización o sanción
Una característica distintiva de la regulación económica frente a la intervención administrativa clásica es el recurso combinado a instrumentos muy variados: junto a las técnicas coactivas tradicionales (autorizaciones, órdenes, sanciones), se emplean cada vez más instrumentos de carácter económico (subvenciones, tributos correctores, derechos negociables), basados en la información (obligaciones de transparencia, publicación de resultados) o fundados en la psicología conductual. Para tu empresa, esto significa que el cumplimiento normativo en un sector regulado no se agota en obtener las autorizaciones exigibles, sino que puede incluir obligaciones de transparencia, participación en sistemas de comercio de derechos, o sometimiento a mecanismos de comparación pública de resultados frente a la competencia.
Cómo te ayudamos desde LRB Tax & Legal
En LRB Tax & Legal asesoramos a empresas que operan en sectores regulados sobre el marco normativo aplicable a su actividad, analizamos las obligaciones específicas impuestas por el regulador sectorial correspondiente, y te representamos frente a decisiones regulatorias que consideres desproporcionadas o contrarias a la normativa aplicable. Si tu empresa opera o quiere entrar a operar en un mercado regulado, contacta con nuestro equipo.