Si tu empresa quiere competir en electricidad, gas, telecomunicaciones o transporte ferroviario, tarde o temprano se enfrentará a una realidad ineludible: la infraestructura física sobre la que se presta el servicio —la red— pertenece, casi siempre, a un único operador. La regulación económica ha desarrollado un conjunto de instrumentos específicos, centrados en garantizar el acceso a esas redes esenciales, precisamente para que esa realidad física no se traduzca en una barrera de entrada insuperable para nuevos competidores.
El problema del monopolio natural y la separación de actividades
En sectores como la electricidad, el gas o el ferrocarril concurre un monopolio natural en la infraestructura de red: la inversión necesaria para tender una red de transporte o distribución es tan elevada que resulta ineficiente que compitan varias redes paralelas. El riesgo evidente es que quien controla la red y, además, opera en actividades que sí pueden desarrollarse en competencia —como la generación o la comercialización de electricidad— utilice su posición para favorecer a su propia rama comercial frente a sus competidores. Para evitarlo, la normativa europea impuso primero la separación contable de estas actividades, para evitar subvenciones cruzadas encubiertas, y posteriormente la separación jurídica, obligando a que la gestión de la red y la actividad comercial se realicen por personas jurídicas diferenciadas, sometidas a criterios de independencia funcional incluso cuando pertenecen al mismo grupo empresarial.
El derecho de acceso a la red: la pieza central de la regulación
Una vez separadas las actividades, el instrumento esencial que permite la competencia en estos sectores es la garantía de acceso de terceros a la red, en condiciones no discriminatorias y a un precio regulado. La normativa sectorial establece los requisitos y condiciones para este acceso, y atribuye al regulador competente potestades para resolver los conflictos que puedan surgir entre el operador de la red y los operadores que solicitan acceder a ella. En el sector eléctrico español, por ejemplo, la red de transporte es operada en exclusiva por una única compañía, que otorga el permiso de acceso a los sujetos autorizados conforme a los criterios legalmente establecidos, mientras que las redes de distribución, operadas en monopolio territorial por sus respectivos titulares, deben igualmente permitir el acceso a los operadores autorizados que lo soliciten, previo pago del correspondiente precio regulado.
Para tu empresa, esto significa que, si opera en un sector de estas características, el acceso a la infraestructura esencial no depende de la voluntad comercial del titular de la red, sino que constituye un derecho reconocido normativamente, cuyo ejercicio puede reclamarse ante el organismo regulador competente si el titular de la red lo deniega o lo condiciona de forma injustificada o discriminatoria.
La compensación de las obligaciones de servicio público como garantía adicional
Junto a la separación de actividades y el acceso a redes, la regulación económica emplea un tercer instrumento orientado a preservar la competencia: la compensación de las obligaciones de servicio público impuestas a determinados operadores. Cuando a una empresa se le impone la obligación de prestar un servicio en condiciones que no resultan comercialmente rentables —cobertura de zonas poco pobladas, tarifas máximas para ciertos consumidores—, esta carga debe ser compensada económicamente, con fondos que, dependiendo del sector, proceden de los presupuestos públicos o de contribuciones de todos o parte de los operadores del mercado. Esta compensación no es un privilegio: es precisamente lo que permite que la competencia se mantenga en igualdad de condiciones, evitando que el operador designado para cumplir estas obligaciones quede en desventaja frente al resto.
La regulación de precios como garantía de equidad
Más allá del acceso a la red, la regulación de precios y tarifas cumple una función de garantía de equidad cuando la simple competencia no basta para asegurar precios asequibles a todos los consumidores. En los sectores eléctrico y del gas, por ejemplo, conviven los precios libremente pactados en el mercado con precios máximos regulados para determinadas categorías de consumidores que decidan acogerse a ellos, y con tarifas especiales —como el bono social eléctrico— para consumidores vulnerables, cuyo coste se reparte entre las empresas que participan en el conjunto de actividades del suministro. Si tu empresa opera en un sector con este tipo de mecanismos, conviene tener presente que la financiación de estas obligaciones sociales puede repercutir directamente en su estructura de costes, con independencia de que preste o no el servicio a los consumidores beneficiarios.
Cómo te ayudamos desde LRB Tax & Legal
En LRB Tax & Legal analizamos las condiciones de acceso a redes esenciales aplicables al sector de tu empresa, te representamos en conflictos con el operador titular de la infraestructura ante el regulador competente, y revisamos el cálculo de las compensaciones y contribuciones vinculadas a obligaciones de servicio público que puedan afectarte. Si tu empresa necesita acceder a una infraestructura de red para competir en un mercado regulado, contacta con nuestro equipo.
