Ganar una licitación es solo el principio. Una vez formalizado el contrato, tu empresa entra en una relación jurídica con la Administración que, si el contrato tiene naturaleza administrativa, no es exactamente igual a la que tendría con un cliente privado: la Administración conserva un conjunto de facultades unilaterales —las llamadas prerrogativas— que puede ejercer durante la ejecución para proteger el interés general. Conocer el alcance real de estas facultades, y sus límites, es esencial para gestionar correctamente cualquier contrato público de cierta envergadura.
Las prerrogativas de la Administración en los contratos administrativos
En la ejecución de los contratos administrativos, la Administración conserva la facultad de interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, de modificarlo por razones de interés público dentro de los límites legales, de declarar la responsabilidad imputable al contratista, de suspender su ejecución, de acordar su resolución y determinar los efectos, y de inspeccionar las actividades desarrolladas por el contratista. Estas facultades se ejercen siempre a través de un procedimiento que debe garantizar la audiencia previa del contratista, y las decisiones adoptadas ponen fin a la vía administrativa, siendo inmediatamente ejecutivas.
Para tu empresa, esto significa que, ante una decisión de la Administración que afecte a la ejecución del contrato —una orden de modificación, una suspensión, una declaración de incumplimiento—, siempre debe haberse seguido un procedimiento formal con trámite de audiencia. La omisión de ese trámite es, en sí misma, un motivo de impugnación de la decisión adoptada.
La modificación del contrato: cada vez más limitada
Tradicionalmente, la facultad de modificar el contrato por razones de interés general (el llamado ius variandi) era la prerrogativa más característica de la contratación administrativa. Sin embargo, el Derecho europeo ha introducido límites estrictos a esta facultad, precisamente para evitar que una modificación sustancial del contrato encubra, en realidad, una nueva adjudicación al margen de las reglas de competencia. Por eso resulta más preciso hablar hoy de un régimen legal de modificaciones, no de una prerrogativa discrecional sin límites.
Solo pueden realizarse modificaciones previstas expresamente en los pliegos, mediante una cláusula que debe ser clara, precisa e inequívoca, sin que en ningún caso pueda alterar la naturaleza global del contrato inicial. También caben modificaciones no previstas, pero únicamente si se apoyan en alguno de los supuestos tasados por la ley y resultan estrictamente indispensables para continuar la ejecución del contrato —por ejemplo, ante circunstancias imprevisibles para un poder adjudicador diligente—. Las modificaciones previstas son obligatorias para el contratista, en la medida en que ya formaban parte del contrato aceptado; las no previstas también lo son, pero solo mientras no superen el 20 por ciento del precio inicial del contrato, sin IVA. Cualquier modificación que exceda estos límites, o que no encaje en los supuestos legales, puede ser impugnada por resultar contraria a las reglas de competencia que rigen la contratación pública.
Incumplimientos, penalidades y daños a terceros
Si tu empresa incumple sus obligaciones contractuales —por ejemplo, incurriendo en demora en la ejecución o incumpliendo condiciones especiales de ejecución— la Administración puede imponer las penalidades previstas en los pliegos, e incluso proceder a la resolución del contrato en los casos más graves. Es importante prestar atención a las condiciones especiales de ejecución configuradas como esenciales en el contrato, porque su incumplimiento puede desencadenar no solo penalidades económicas, sino también la resolución contractual y, en determinados supuestos, la imposición de una prohibición de contratar con el sector público en el futuro.
Los daños que se causen a terceros durante la ejecución del contrato deben ser indemnizados por el contratista, salvo que sean consecuencia inmediata y directa de una orden de la propia Administración o del proyecto que sirvió de base al contrato. Esta regla tiene una consecuencia práctica relevante: si un daño causado durante la ejecución de una obra o un servicio deriva directamente de instrucciones o especificaciones impuestas por la Administración, tu empresa puede repercutir la responsabilidad, en lugar de asumirla como propia.
La resolución del contrato: causas y efectos
Junto al cumplimiento íntegro de la prestación, la resolución es la otra forma de extinción del contrato. La ley establece un listado de causas de resolución —la declaración de concurso, el mutuo acuerdo entre las partes, la demora en el cumplimiento de los plazos de ejecución o de pago, entre otras—. El acuerdo de resolución lo adopta el órgano de contratación, bien de oficio, bien a instancia del propio contratista, y puede conllevar como efecto la incautación de la garantía definitiva constituida por la empresa, así como el pago recíproco de daños y perjuicios entre las partes, según cuál sea la causa que motive la resolución.
Subcontratación y cesión del contrato
Es habitual que la ejecución de un contrato público implique subcontratar parte de la prestación con terceros. La ley establece un régimen de garantías específico para asegurar, entre otras cosas, el pago puntual a los subcontratistas, una cuestión que las grandes empresas adjudicatarias deben gestionar con especial cuidado para evitar responsabilidades frente a sus proveedores y colaboradores. También se regula la posible cesión del contrato a un tercero, sujeta a condiciones legales específicas que deben cumplirse escrupulosamente para que la cesión sea válida frente a la Administración.
Cómo te ayudamos desde LRB Tax & Legal
En LRB Tax & Legal acompañamos a las empresas en la ejecución de sus contratos públicos, revisando la legalidad de las modificaciones propuestas por la Administración, defendiendo frente a penalidades o resoluciones contractuales improcedentes, y gestionando las reclamaciones por daños derivados de instrucciones administrativas. Si tu empresa está ejecutando un contrato público y necesita asesoramiento sobre sus derechos y obligaciones, contacta con nuestro equipo.