Las plataformas de crowdfunding en España deben cumplir con un marco legal y regulatorio estricto para garantizar la transparencia, la seguridad y la protección de inversores y empresas que operan a través de ellas. En este artículo detallamos los principales requisitos legales y normativos que deben seguir las plataformas, tanto desde la perspectiva nacional como europea.
¿Qué se considera una plataforma de financiación participativa?
A efectos legales, una plataforma de financiación participativa es la empresa que pone en contacto, de manera profesional y a través de medios electrónicos, a promotores que solicitan financiación con inversores u aportantes que ofrecen capital a cambio de las distintas contraprestaciones propias de cada modalidad de crowdfunding. La normativa distingue, a efectos de requisitos aplicables, entre las plataformas que intermedian operaciones de equity crowdfunding y crowdlending, sujetas a un régimen de autorización específico, y aquellas dedicadas exclusivamente a crowdfunding de recompensa o donación, sujetas a un marco más general.
Requisitos de autorización para plataformas de equity crowdfunding y crowdlending
Las plataformas que intermedian en equity crowdfunding y crowdlending deben obtener autorización conforme al Reglamento (UE) 2020/1503, lo que implica cumplir con requisitos de capital mínimo, contar con sistemas de gobernanza y control interno adecuados, disponer de mecanismos de gestión de conflictos de interés, y acreditar la idoneidad profesional y la honorabilidad de sus administradores y directivos. En España, la supervisión de estas plataformas corresponde a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Obligaciones de información precontractual
Las plataformas autorizadas deben facilitar a los inversores información precontractual estandarizada sobre cada proyecto, conocida en el marco europeo como ficha de datos fundamentales de la inversión, que debe incluir información clara sobre el promotor, los riesgos específicos del proyecto, las condiciones económicas de la operación y las comisiones aplicables, presentada de forma comprensible para un inversor no profesional.
Test de conocimientos para inversores no sofisticados
Una de las obligaciones más relevantes introducidas por el marco europeo es la exigencia de aplicar a los inversores no sofisticados un test de conocimientos antes de permitirles realizar determinadas inversiones, especialmente aquellas que superan ciertos umbrales económicos. Este test busca verificar que el inversor comprende los riesgos básicos asociados al tipo de inversión que va a realizar, y su resultado puede condicionar el acceso a determinadas operaciones o activar advertencias de riesgo adicionales.
Límites de inversión y periodo de reflexión
La normativa establece límites de inversión específicos para los inversores no sofisticados, pensados para evitar una concentración excesiva del patrimonio personal en proyectos de alto riesgo, así como un periodo de reflexión obligatorio antes de formalizar determinadas inversiones, que permite al inversor reconsiderar su decisión sin presión comercial antes de comprometer definitivamente su capital.
Obligaciones frente a los promotores de proyectos
Las plataformas también tienen obligaciones específicas frente a las empresas o proyectos que buscan financiación: deben aplicar criterios mínimos de verificación antes de publicar un proyecto, no pueden garantizar rendimientos ni minimizar de forma engañosa los riesgos de la inversión en sus comunicaciones comerciales, y deben mantener una separación adecuada entre los fondos de los inversores y el patrimonio propio de la plataforma, normalmente a través de cuentas de salvaguarda específicas.
Requisitos para plataformas de recompensa y donación
Las plataformas dedicadas exclusivamente a crowdfunding de recompensa o de donación, al no quedar cubiertas por el reglamento europeo, están sujetas a un marco más general que incluye, entre otros aspectos, la normativa de comercio electrónico, protección de consumidores y, en el caso de proyectos solidarios, normativa específica sobre captación de donaciones cuando resulte aplicable.
Protección de datos y prevención del blanqueo de capitales
Con independencia de la modalidad, todas las plataformas deben cumplir con la normativa de protección de datos personales, dada la cantidad de información sensible que gestionan sobre inversores y promotores, y con la normativa de prevención del blanqueo de capitales, que exige procedimientos de verificación de identidad de los usuarios y de origen de los fondos, especialmente relevantes en operaciones de mayor importe.
Consecuencias del incumplimiento normativo
El incumplimiento de estas obligaciones por parte de una plataforma puede acarrear sanciones administrativas impuestas por el supervisor competente, la revocación de la autorización para operar en determinadas modalidades de crowdfunding, y la exposición a reclamaciones de los propios inversores o promotores afectados, lo que en la práctica puede comprometer seriamente la continuidad del negocio de la plataforma.
Preguntas frecuentes
¿Toda plataforma que recibe dinero de varias personas necesita autorización de la CNMV?
No necesariamente. La exigencia de autorización específica se centra en las plataformas que intermedian en operaciones de equity crowdfunding y crowdlending, mientras que las plataformas de recompensa o donación quedan, con carácter general, fuera de ese régimen de autorización específico.
¿Cómo puede una empresa verificar si una plataforma está correctamente autorizada?
Conviene consultar el registro de entidades supervisadas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, donde figuran las plataformas de financiación participativa autorizadas para operar en España, incluyendo aquellas que operan bajo el pasaporte europeo.
Conclusión
Las plataformas de crowdfunding operan bajo un marco regulatorio cada vez más exigente, que combina normativa nacional y europea, especialmente en las modalidades de equity crowdfunding y crowdlending. En LRB Tax & Legal asesoramos tanto a plataformas como a empresas que utilizan estos servicios, para garantizar el cumplimiento normativo en cada operación.
