Detrás de nombres como «Empresa Municipal de Transportes» o «Patronato Deportivo Municipal» hay entidades con regímenes jurídicos bien diferenciados que forman parte del llamado sector público local. Para las empresas que contratan, colaboran o compiten con estas entidades, distinguir su naturaleza exacta es clave para entender el marco legal aplicable.
Qué es exactamente el sector público local
El sector público local está formado por dos grandes bloques: de un lado, las propias entidades que integran la Administración local —municipio, provincia, isla, comarca, área metropolitana, mancomunidad—; de otro, el llamado sector público institucional local, es decir, los organismos y entidades, públicas o privadas, vinculadas o dependientes de esas Administraciones locales. Es importante saber que el concepto exacto de «sector público local» puede variar según el ámbito normativo de referencia: a efectos presupuestarios se aplican los criterios del Sistema Europeo de Cuentas; a efectos de contratación pública, los de la Ley de Contratos del Sector Público. Esto significa que una misma entidad puede considerarse «sector público» a unos efectos y no a otros, con consecuencias prácticas relevantes.
Entidades públicas: organismos autónomos y entidades públicas empresariales
Dentro de las entidades con personalidad jurídico-pública, los organismos autónomos locales —como los habituales «patronatos» deportivos o culturales municipales— se rigen fundamentalmente por Derecho administrativo. Las entidades públicas empresariales locales, menos frecuentes, producen bienes y servicios económicos y se rigen principalmente por Derecho privado, aunque sus órganos pueden ejercer puntualmente potestades administrativas cuando la ley se lo permite, como ocurre con ciertas entidades encargadas de la gestión de cementerios municipales.
Entidades privadas: sociedades mercantiles y fundaciones municipales
Dentro de las entidades con personalidad jurídico-privada, hay que distinguir entre sociedades mercantiles municipales dedicadas a la gestión directa de un servicio público —como una empresa municipal de transportes— y aquellas que actúan como productoras de bienes y servicios en régimen de competencia con empresas privadas, como una sociedad de gestión de patrimonio inmobiliario municipal. Las fundaciones municipales, por su parte, se rigen por el régimen general de fundaciones, aunque sus órganos de gobierno suelen estar ocupados por cargos electos municipales. No existe, cabe advertir, un concepto legal preciso y único de «sociedad mercantil pública»: el término se emplea tanto para sociedades íntegramente públicas como para aquellas con capital mixto en las que la Administración local ejerce una influencia dominante.
Las limitaciones introducidas tras la crisis de 2013
Como reacción a la proliferación de entidades instrumentales durante los años de expansión económica, la reforma de 2013 introdujo importantes restricciones al sector público local: se prohibió constituir «entes de segundo nivel» (entidades dependientes de otras entidades instrumentales locales), se limitó la creación de nuevas entidades instrumentales, y se exigió que la creación de sociedades íntegramente públicas o entidades públicas empresariales para gestionar servicios municipales se justifique mediante memoria acreditando que resultan más sostenibles y eficientes que la gestión directa por el propio ayuntamiento o por un organismo autónomo. Estas limitaciones siguen condicionando hoy la capacidad de los ayuntamientos para externalizar servicios mediante entidades propias, lo que en algunos casos favorece fórmulas alternativas como la contratación externa o la colaboración público-privada.
Qué significa esto para tu empresa
Si tu empresa contrata con una entidad del sector público local, identificar si se trata de un organismo autónomo, una entidad pública empresarial, una sociedad mercantil o una fundación determina, entre otras cosas, si la relación se rige por Derecho administrativo o por Derecho privado, qué jurisdicción resulta competente en caso de conflicto, y qué régimen de contratación pública resulta aplicable. Además, dado que las restricciones de 2013 dificultan la creación de nuevas entidades instrumentales, es cada vez más frecuente que los ayuntamientos opten por externalizar servicios mediante contratación directa con empresas privadas, lo que abre oportunidades de negocio que conviene identificar a tiempo.
Cómo te ayudamos desde LRB Tax & Legal
En LRB Tax & Legal analizamos la naturaleza jurídica exacta de las entidades del sector público local con las que tu empresa contrata o compite, y seguimos de cerca las oportunidades de externalización de servicios municipales derivadas de las limitaciones a la creación de nuevas entidades instrumentales. Si tu empresa necesita orientación sobre una relación con una entidad del sector público local, contacta con nuestro equipo.
