Cada vez que tu empresa solicita una autorización, se enfrenta a una inspección o recibe una notificación de un expediente sancionador, hay un conjunto de reglas invisibles pero decisivas que determinan si esa actuación administrativa es válida: el procedimiento administrativo. Entender qué es, para qué sirve y cómo lo regula la ley es el primer paso para poder defender los intereses de tu empresa frente a cualquier Administración.
Por qué la Administración no puede decidir sin más
A diferencia de un particular, la Administración no puede simplemente tomar una decisión que afecte a derechos u obligaciones de terceros: debe seguir un proceso estructurado, integrado por un conjunto de actuaciones legalmente exigidas, antes de dictar cualquier acto con efectos jurídicos. Esta exigencia rige tanto para actos individuales —una sanción, una autorización, una subvención— como para reglamentos, planes, contratos y convenios. El procedimiento administrativo compensa así la amplia atribución de poderes que el ordenamiento jurídico otorga a la Administración, obligándola a un ejercicio ordenado y controlable de sus potestades.
Las funciones que cumple el procedimiento para tu empresa
El procedimiento administrativo desempeña varias funciones que benefician directamente a cualquier empresa que interactúe con el sector público. En primer lugar, garantiza los derechos de las personas afectadas por la actuación administrativa, brindándoles la oportunidad de defender sus intereses antes de que se adopte una decisión. En segundo lugar, sirve de garantía del cumplimiento del Derecho objetivo, dificultando acuerdos ilegales entre la Administración y terceros. En tercer lugar, promueve la calidad de las decisiones administrativas, obligando a la Administración a recabar la información necesaria antes de resolver, algo especialmente relevante en decisiones discrecionales donde existe un amplio margen de apreciación. Y, finalmente, facilita la aceptación y el cumplimiento voluntario de las decisiones por parte de sus destinatarios.
La norma que rige el procedimiento común: la LPAC
La regulación general del procedimiento administrativo en España se encuentra en la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC), dictada al amparo de la competencia estatal exclusiva sobre el procedimiento administrativo común. Es una codificación general y parcial: no recoge los miles de procedimientos específicos —sectoriales— que regulan cada tipo de actuación administrativa, y se centra fundamentalmente en la elaboración de actos administrativos, dejando fuera aspectos importantes de la tramitación de reglamentos, contratos y convenios, que se rigen por normativa propia.
La principal novedad de la LPAC ha sido obligar a que todos los procedimientos administrativos se tramiten de forma electrónica, una obligación que se hizo plenamente efectiva con el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos (RAFME) de 2021. Para cualquier empresa —que está legalmente obligada a relacionarse electrónicamente con la Administración— esto significa que la gestión digital de notificaciones, solicitudes y expedientes ya no es una opción, sino una exigencia legal con consecuencias directas sobre el cómputo de plazos.
Bases constitucionales y europeas que refuerzan tus garantías
El artículo 105 de la Constitución exige que tanto los actos administrativos como los reglamentos vengan precedidos de procedimiento y consagra a nivel constitucional el trámite de audiencia. A ello se suma el derecho fundamental a una buena administración reconocido en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que incluye los principios de audiencia, acceso al expediente, motivación de las decisiones, imparcialidad y diligencia en la tramitación —principios que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea exige a las administraciones nacionales cuando aplican Derecho europeo, algo especialmente relevante en materia de ayudas de Estado, competencia o autorización de productos regulados a nivel comunitario.
Qué significa esto para tu empresa
Conocer que existe un marco legal detallado que regula cómo debe tramitarse cualquier expediente que te afecte —desde una simple autorización hasta un procedimiento sancionador— te da herramientas concretas para exigir que la Administración respete los plazos, motive sus decisiones y te dé la oportunidad de defenderte antes de resolver. En los próximos artículos de esta serie profundizamos en cada fase del procedimiento: quién puede intervenir, cómo se inicia, qué plazos rigen y cómo puede finalizar.
Cómo te ayudamos desde LRB Tax & Legal
En LRB Tax & Legal acompañamos a empresas en la tramitación de expedientes administrativos, verificando que se respetan las garantías procedimentales legalmente exigidas en cada fase. Si tu empresa está inmersa en un procedimiento con la Administración, contacta con nuestro equipo.