Antes de que la Administración autorice, inspeccione o sancione, buena parte de la actividad de ordenación y control se diseña a través de dos herramientas menos conocidas pero muy influyentes: la planificación administrativa como instrumento de ordenación, y la autorregulación regulada, que traslada parte de la función normativa a los propios sectores privados. Entender cómo operan ambas técnicas ayuda a tu empresa a anticipar el marco de control al que estará sometida.
Los reglamentos como instrumento de ordenación
Las normas jurídicas —leyes y, sobre todo, reglamentos— constituyen el instrumento de ordenación por excelencia: instauran condiciones, requisitos, prohibiciones y deberes que afectan directamente a la esfera jurídica de las empresas. Los reglamentos desempeñan un papel especialmente relevante porque, con frecuencia, desarrollan la regulación de técnicas de control previamente instauradas por una ley, como sucede con las autorizaciones, declaraciones responsables o los deberes de registro. Antes de aprobar cualquier reglamento de este tipo, la Administración está obligada a respetar los principios de buena regulación: el principio de necesidad, que exige que la iniciativa normativa esté justificada y responda a una identificación clara de los fines perseguidos, y el principio de proporcionalidad, que obliga a contener solo la regulación imprescindible tras constatar que no existen medidas menos restrictivas disponibles (artículo 129 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común).
Esto significa que tu empresa, ante un nuevo reglamento que le imponga cargas u obligaciones, puede cuestionar tanto la necesidad de la norma como su proporcionalidad, especialmente si existían alternativas regulatorias menos gravosas capaces de alcanzar el mismo objetivo de interés general.
Autorregulación regulada: cuando el sector privado participa en su propio control
Junto a las normas jurídicas propiamente dichas, existen normas y controles elaborados por sujetos privados —agentes económicos, asociaciones sectoriales, organizaciones profesionales— cuyo cumplimiento es en principio voluntario, sin el respaldo de mecanismos de coacción externa. Sin embargo, en un número creciente de sectores, estas normas privadas alcanzan reconocimiento técnico y político suficiente para que las propias disposiciones jurídicas las incorporen como instrumento al servicio de la ordenación y control administrativo. A este fenómeno se le denomina autorregulación regulada, y constituye una de las manifestaciones más interesantes de la transformación de las formas de gobernanza impulsada por la Unión Europea.
El ámbito de aplicación de la autorregulación regulada se ha extendido notablemente a sectores como la seguridad de los productos, el comercio electrónico, las plataformas digitales, la publicidad, el medio ambiente o los servicios profesionales, adoptando manifestaciones muy diversas: códigos de buenas prácticas, sistemas de control de riesgos o normas técnicas como las conocidas normas ISO, elaboradas por organizaciones internacionales de normalización de naturaleza privada. Un ejemplo especialmente consolidado es el sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control (APPCC) en el sector alimentario, que nació como un protocolo voluntario y terminó siendo de aplicación obligatoria por mandato de normas jurídicas europeas y nacionales para toda la cadena alimentaria.
Para tu empresa, esto significa que el cumplimiento normativo no siempre se agota en la ley y el reglamento: en sectores donde opera la autorregulación regulada, adherirse a los estándares técnicos privados de referencia —o acreditar su cumplimiento mediante entidades certificadoras habilitadas— puede ser tan determinante como cumplir la normativa jurídica en sentido estricto, precisamente porque el ordenamiento remite a esos estándares para valorar la adecuación de la actividad a la legalidad.
La planificación como instrumento de ordenación
La planificación es una potestad discrecional y estructurante de la Administración que puede tener como destinataria a la propia Administración —planificación interna, como los planes de inspección que fijan los objetivos y actuaciones prioritarias de los órganos de control— o a los ciudadanos y empresas, en cuyo caso conlleva una intervención limitativa directa sobre la sociedad, la economía, el medio ambiente o el territorio. Los planes territoriales y urbanísticos son el ejemplo paradigmático de planificación con efectos externos: establecen derechos, obligaciones y cargas que afectan directamente a la propiedad y a la actividad económica, y la jurisprudencia los ha considerado tradicionalmente como disposiciones de rango reglamentario, con las consecuencias que ello tiene en cuanto a su régimen de impugnación.
También existe planificación con efectos externos en sectores regulados, donde la Administración combina una previsión de necesidades futuras —por ejemplo, energéticas— con la incorporación de decisiones vinculantes para los operadores del sector, condicionando sus inversiones y su actividad durante largos periodos de tiempo. Conocer con antelación estos planes sectoriales permite a las empresas afectadas anticipar el marco regulatorio en el que deberán operar y, en su caso, participar en los procesos de consulta pública previstos para su elaboración.
Por qué conviene seguir de cerca la planificación normativa
Una manifestación particularmente útil para las empresas es la planificación normativa que impone el artículo 132 de la LPAC: cada año, las Administraciones deben elaborar y hacer público un plan normativo que contenga las iniciativas legales o reglamentarias que se prevé aprobar en el año siguiente. Revisar este plan normativo permite a tu empresa anticipar cambios regulatorios que puedan afectar a su sector, y participar activamente en los trámites de consulta pública previa y audiencia e información pública que preceden a la aprobación de cualquier norma con impacto significativo en su actividad.
Cómo te ayudamos desde LRB Tax & Legal
En LRB Tax & Legal hacemos seguimiento de la planificación normativa y sectorial que puede afectar a tu empresa, valoramos la necesidad y proporcionalidad de los reglamentos que imponen nuevas cargas a tu actividad, y te asesoramos sobre el cumplimiento de los estándares de autorregulación regulada exigibles en tu sector. Si tu empresa quiere anticiparse a los cambios normativos que le afectan, contacta con nuestro equipo.
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