Tarde o temprano, la mayoría de empresas recibe la visita de un inspector: de sanidad, de trabajo, de medio ambiente, de consumo, o de la administración tributaria o local. La potestad de inspección es una de las herramientas más extendidas de control administrativo y, precisamente por su capacidad de incidir directamente en la actividad empresarial, está rodeada de garantías jurídicas que conviene conocer para afrontar cualquier inspección con seguridad.
Qué es la potestad de inspección y de dónde nace
La potestad administrativa de inspección tiene por objeto comprobar el cumplimiento de los deberes, limitaciones o prohibiciones que pesan sobre las actividades de las empresas. El artículo 4.2 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, contiene una habilitación general que faculta a las Administraciones a comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos y actividades necesarios para velar por el cumplimiento de la legislación aplicable. No existe, sin embargo, una regulación general y unitaria de la actividad inspectora: son las leyes sectoriales —en materia de medicamentos, educación, sanidad, seguridad industrial, protección de datos, etc.— las que concretan, con mayor o menor densidad, las condiciones y formalidades de cada tipo de inspección.
La inspección suele actuar como instrumento auxiliar de otras potestades administrativas: sus resultados pueden justificar la incoación de un expediente sancionador, la adopción de medidas de prevención de riesgos (como la prohibición de comercializar un producto inseguro) o el restablecimiento de la legalidad alterada (como la orden de subsanar una deficiencia detectada).
El deber de colaboración de tu empresa y sus límites
La LPAC impone al inspeccionado un deber de colaboración con las tareas inspectoras de la Administración (artículo 18.1), cuyo incumplimiento se tipifica como infracción administrativa autónoma, independiente de la que pudiera derivarse del objeto de la inspección. Además, las actas de inspección —el documento oficial donde se plasman los resultados, formalizado por funcionarios con la condición de autoridad— gozan de presunción de veracidad iuris tantum, es decir, admiten prueba en contrario, pero desplazan la carga de la prueba hacia la empresa inspeccionada, que deberá aportar elementos suficientes para desvirtuar lo constatado en el acta.
Frente a este deber de colaboración, existen límites constitucionales que la Administración debe respetar escrupulosamente: el derecho a la intimidad (artículo 18.1 de la Constitución), la inviolabilidad del domicilio (artículo 18.2), la protección de datos de carácter personal (artículo 18.4) y el derecho a no declarar contra uno mismo (artículo 24.2). Estos derechos son especialmente relevantes cuando la inspección afecta a espacios que puedan considerarse domicilio a efectos constitucionales (ciertas dependencias de la empresa) o cuando la información recabada pueda tener trascendencia sancionadora posterior.
La planificación de la actividad inspectora: por qué importa a tu empresa
Dado que resulta materialmente imposible que la Administración inspeccione de forma constante y global todas las actividades sujetas a su control, la ley exige que la actividad inspectora se desarrolle bajo una adecuada organización o planificación, optimizando los medios disponibles y basándose en criterios objetivos, racionales y públicos. Esto no es una cuestión meramente organizativa: cuando una inspección se ajusta con rigor a un plan previamente aprobado, resulta más difícil que un tribunal aprecie responsabilidad patrimonial de la Administración si, pese a la inspección, se producen daños derivados de la actividad inspeccionada. Y a la inversa, una inspección desconectada de cualquier planificación, o motivada por criterios ajenos a los objetivos generales establecidos, puede resultar cuestionable.
Tu empresa tiene derecho, por tanto, a conocer si la inspección que recibe responde a un plan general, a un plan sectorial específico, o ha sido activada por una denuncia de terceros, información que puede resultar relevante tanto para preparar adecuadamente la visita como, en su caso, para fundamentar un eventual recurso.
Colaboración público-privada: cuando el inspector no es funcionario
El ejercicio de la actividad inspectora se reserva, con carácter general, al personal funcionario, dado que implica ejercicio de potestades públicas. Sin embargo, cada vez es más frecuente que determinadas Administraciones encomienden funciones de inspección y control a entidades colaboradoras debidamente habilitadas —empresas privadas acreditadas—, cuyos hechos constatados tienen la misma validez jurídica que los emitidos directamente por personal de la Administración. Si tu empresa recibe una visita de una entidad colaboradora, conviene verificar que dispone de la habilitación correspondiente, precisamente porque sus actas producirán los mismos efectos jurídicos que las de un inspector público.
Qué hacer si tu empresa recibe una inspección
Ante cualquier inspección, resulta esencial verificar la identidad y competencia del inspector actuante, colaborar dentro de los límites legalmente exigibles sin renunciar a los derechos constitucionales mencionados, solicitar copia del acta levantada, y revisar cuidadosamente su contenido antes de firmarla, dejando constancia de cualquier discrepancia. Si el acta contiene inexactitudes, tu empresa dispone de un plazo para presentar alegaciones antes de que sus conclusiones se conviertan en la base de un eventual expediente sancionador o de restablecimiento de la legalidad.
Cómo te ayudamos desde LRB Tax & Legal
En LRB Tax & Legal asesoramos a nuestros clientes antes, durante y después de una inspección administrativa: preparamos la documentación necesaria para acreditar el cumplimiento normativo, acompañamos a la empresa durante la visita de inspección, y formulamos las alegaciones necesarias frente a actas que consideremos incorrectas o desproporcionadas. Si tu empresa ha recibido o va a recibir una inspección administrativa, contacta con nuestro equipo.
Sigue leyendo sobre ordenación y control
- Actividad de ordenación y control: qué instrumentos puede usar la Administración para limitar la actividad de tu empresa
- Autorizaciones y licencias: cuándo la Administración todavía puede exigir un permiso previo a tu empresa
- Órdenes, requerimientos y su incumplimiento: qué puede exigir la Administración a tu empresa y qué pasa si no obedeces