Acuerdo de consolidación fiscal: órgano competente y plazo

El régimen de consolidación fiscal del Impuesto sobre Sociedades es voluntario, pero su aplicación está sujeta a requisitos formales que, si no se cumplen, pueden impedir tributar en consolidación. El primero de ellos es el acuerdo de consolidación fiscal: una decisión societaria que debe adoptar cada una de las sociedades que integran el grupo, por el órgano competente y dentro de un plazo preciso.

Este artículo analiza quién debe adoptar el acuerdo, qué sociedades quedan obligadas, qué órgano es competente, en qué momento debe tomarse, cómo se documenta y cuáles son las consecuencias de no adoptarlo en la forma y plazo previstos. Está pensado para administradores, secretarios de consejo y directores financieros de grupos que se plantean aplicar el régimen por primera vez.

Voluntariedad del régimen y necesidad del acuerdo

La aplicación del régimen de consolidación fiscal no requiere un reconocimiento previo por parte de la Administración tributaria. Es el propio grupo quien decide si desea tributar de este modo. El artículo 61 de la Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades dispone que el régimen se aplica por el hecho de que todas y cada una de las sociedades que deben integrar el grupo fiscal acuerden tributar conforme a él.

Esto significa que el acuerdo no es una opción individual de cada sociedad, sino un presupuesto colectivo. El grupo fiscal debe estar formado por todas las entidades que cumplan los requisitos para integrarlo, y todas ellas deben haber adoptado el acuerdo. Si alguna de las sociedades que debían formar parte del grupo no lo adopta, resulta imposible aplicar el régimen de consolidación fiscal al conjunto.

Quién debe adoptar el acuerdo de consolidación fiscal

La entidad dominante

El tratamiento depende de su residencia. Si la entidad dominante es residente en territorio español, forma parte del grupo y debe adoptar el acuerdo. Si no lo adopta, no es posible tributar en consolidación; y si el resto de las sociedades lo hubieran aplicado igualmente, el régimen se habría aplicado de forma indebida, de modo que todas ellas deberían haber tributado por el régimen individual.

Si la dominante es residente en el extranjero, no integra el grupo fiscal, que está formado por sus dependientes residentes en España. No debe, por tanto, acordar acogerse al régimen de consolidación, pero sí está obligada a designar a la entidad residente en territorio español que actuará como entidad representante del grupo.

Las entidades dependientes

Cada entidad dependiente debe adoptar también el acuerdo. En la primera aplicación del régimen, la falta de acuerdo de cualquiera de las sociedades, ya sea la dominante o una dependiente, impide aplicar la tributación consolidada. Y esa omisión no puede subsanarse mediante un acuerdo posterior. Esto es así aunque la dependiente en cuestión se hubiera computado como integrante del grupo para determinar la base imponible del grupo.

La situación es distinta cuando el grupo ya está tributando en consolidación y se incorpora una nueva entidad dependiente que no adopta el acuerdo de integrarse. En ese supuesto, la falta de acuerdo no afecta a la aplicación del régimen al grupo ni impide que la nueva entidad forme parte de él, aunque puede constituir una infracción tributaria.

La razón de la exigencia del acuerdo unánime se encuentra en la propia naturaleza del grupo fiscal, que refleja una unidad económica que no puede desfigurarse porque alguna sociedad, intencionadamente o no, deje de adoptar su acuerdo. Si desea revisar qué sociedades deben adoptar el acuerdo en su grupo, puede escribir a Contacto@LRB.es.

Competencia: cómo se adopta y se documenta el acuerdo

El acuerdo debe ser adoptado por cada una de las entidades que integran el grupo, conforme a las reglas societarias que resulten aplicables a cada una de ellas, y debe quedar debidamente documentado. La forma concreta de adoptarlo depende de la estructura de administración de cada entidad.

Esto tiene varias derivaciones prácticas:

  • Sociedades con consejo de administración. Conviene que el acuerdo conste en el libro de actas, con la firma del presidente y del secretario, de acuerdo con la normativa mercantil.
  • Sociedades con administrador único o varios administradores. Aunque en estos casos no exista obligación de llevar libro de actas, conviene levantar un acta en la que conste expresamente la opción por tributar en consolidación.
  • Entidades sin forma mercantil. El acuerdo debe adoptarse por el órgano a través del cual se toman las decisiones que obligan a la entidad.
  • Establecimientos permanentes. Si el grupo incluye un establecimiento permanente de una entidad no residente, el acuerdo debe quedar documentado por la entidad no residente titular del establecimiento. Si la dominante no residente tiene un establecimiento permanente que deba formar parte del grupo como dependiente, el acuerdo también debe alcanzarle.

Es aconsejable que el contenido del acuerdo sea claro: identificación de la sociedad, referencia a la opción por el régimen de consolidación fiscal con indicación del primer período impositivo de aplicación, y, en su caso, designación de la entidad representante.

Plazo para adoptar el acuerdo de consolidación fiscal

Los acuerdos deben adoptarse en cualquier fecha del período impositivo inmediato anterior a aquel en el que el régimen se aplique por primera vez. La decisión de consolidar no puede, por tanto, improvisarse: debe planificarse con antelación suficiente y convocarse el órgano competente de todas las sociedades dentro de ese período.

Dos ejemplos aclaran el cómputo:

  • Si el período impositivo del grupo coincide con el año natural y se quiere aplicar el régimen desde el período que se inicia el 1 de enero de un año, los acuerdos deben adoptarse dentro del año natural anterior, incluso por las sociedades cuya participación del 75% (o, en su caso, del 70%) se haya adquirido en ese mismo año.
  • Si el período impositivo se inicia el 1 de febrero y finaliza el 31 de enero del año siguiente, y se quiere aplicar el régimen desde el período que comienza el 1 de febrero de un año determinado, los acuerdos deben adoptarse entre el 1 de febrero del año anterior y el 31 de enero inmediatamente anterior a esa fecha de inicio.

Casos en los que el plazo puede resultar un obstáculo

La exigencia de adoptar el acuerdo en el período inmediato anterior puede hacer inviable aplicar el régimen en un ejercicio concreto. Es lo que ocurre cuando una sociedad se incorpora al perímetro por una toma de participación muy cercana al cierre del período, de modo que no es posible adoptar su acuerdo dentro de ese plazo. En tal caso, la aplicación del régimen se retrasaría un ejercicio.

También conviene tener en cuenta que, una vez aplicado el régimen, las sociedades que deban integrarse posteriormente en el grupo tienen igualmente la obligación de adoptar el acuerdo, antes de que concluya el primer período impositivo en el que deban tributar en consolidación. El incumplimiento no excluye a la sociedad del grupo ni impide su aplicación, pero puede constituir una infracción tributaria.

Reestructuraciones previas al inicio del régimen

Si la dominante prevé transmitir, en el primer período de aplicación, la participación en una entidad dependiente que actuará como subholding de otras sociedades, de modo que se formen dos grupos fiscales, pueden adoptarse los acuerdos correspondientes con anterioridad al inicio de ese período por todas las entidades que formarían el segundo grupo. Si la transmisión finalmente se realiza, habrá dos grupos fiscales sin que sea perjudicial que esas entidades hayan adoptado dos acuerdos. Si no se realiza, los segundos acuerdos carecen de validez y existirá un único grupo fiscal.

Consecuencias de no adoptar el acuerdo en forma y plazo

La consecuencia depende del momento. En la primera aplicación del régimen, la falta de acuerdo de una sola sociedad obligada impide tributar en consolidación y, si el grupo lo ha aplicado, la Administración puede regularizar la situación de todas las entidades, que deberían haber tributado por el régimen individual.

Un caso ilustrativo es el de un grupo cuya dominante no residente cumple las condiciones para ser dominante de tres sociedades residentes, A, B y C, siendo C participada a través de una entidad residente en una jurisdicción no cooperativa. Si solo A y B adoptan el acuerdo, el grupo se habrá formado de forma indebida porque C también debía integrarse, y la falta de su acuerdo impide aplicar el régimen. Una comprobación administrativa llevaría a regularizar a A y a B, que debían haber tributado en régimen individual.

Por ello, antes de adoptar los acuerdos conviene verificar que el perímetro del grupo está correctamente identificado, incluidas las sociedades participadas por vías indirectas, y que los acuerdos se adoptan en todas ellas.

Preguntas frecuentes

¿Quién debe adoptar el acuerdo de consolidación fiscal?
Todas y cada una de las sociedades que deban integrar el grupo fiscal, conforme a sus reglas societarias. La dominante no residente no adopta el acuerdo de consolidar, pero sí debe designar a la entidad representante residente.

¿Puede subsanarse un acuerdo no adoptado en plazo?
En la primera aplicación del régimen, la omisión de cualquiera de las sociedades obligadas no puede subsanarse con un acuerdo posterior y impide tributar en consolidación. Si el grupo ya aplica el régimen, la falta de acuerdo de una nueva dependiente no impide su integración, pero puede dar lugar a una infracción tributaria.

¿Cuándo debe adoptarse el acuerdo?
En cualquier fecha del período impositivo inmediato anterior al primero en que se aplique el régimen. Para un grupo con período impositivo coincidente con el año natural, durante el año anterior al de la primera aplicación.

Planificación del acuerdo de consolidación fiscal

La adopción del acuerdo es un trámite aparentemente sencillo, pero un defecto de plazo, de órgano o de alcance puede frustrar la aplicación del régimen. Resulta aconsejable elaborar un calendario con antelación, identificar a todas las sociedades obligadas y documentar cada acuerdo.

Si tiene dudas o necesita asesoramiento fiscal sobre el acuerdo de consolidación fiscal de su grupo, LRB Tax & Legal está especializado en el asesoramiento a medianas y grandes empresas. Puede escribirnos a Contacto@LRB.es para estudiar su caso.