Que un procedimiento de inspección se prolongue en el tiempo no siempre juega en contra del contribuyente: superar el plazo máximo legal de duración, aunque no determina la caducidad del procedimiento, produce efectos jurídicos que pueden resultar muy favorables si se detectan y se hacen valer correctamente.
El plazo general de 18 meses
Como regla general, las actuaciones inspectoras deben concluir en el plazo de 18 meses contados desde la fecha de notificación al obligado tributario del inicio del procedimiento. Este plazo es el aplicable a la inmensa mayoría de comprobaciones de empresas y profesionales de tamaño medio y pequeño.
El plazo ampliado de 27 meses
El plazo se eleva a 27 meses cuando concurre alguna de las siguientes circunstancias: que la cifra anual de negocios del obligado tributario sea igual o superior al requerido para auditar sus cuentas; que el obligado tributario esté integrado en un grupo sometido al régimen de consolidación fiscal o al régimen especial de grupo de entidades del IVA que esté siendo objeto de comprobación inspectora; o que el obligado tributario esté sometido a tributación por el régimen de transparencia fiscal internacional o por el de imputación de rentas por la cesión de derechos de imagen. La concurrencia de estas circunstancias debe comunicarse al obligado tributario.
Interrupciones justificadas y dilaciones no imputables
El cómputo del plazo puede verse afectado por dos categorías de circunstancias: los períodos de interrupción justificada, expresamente tasados en la normativa (por ejemplo, cuando se remite el expediente al Ministerio Fiscal, o se solicita información a autoridades de otros Estados), y los períodos de dilación no imputables a la Administración, que incluyen los retrasos del propio obligado tributario en atender requerimientos, aportar documentación o comparecer en la fecha señalada. Cada uno de estos períodos debe estar debidamente documentado y justificado en el expediente.
Consecuencias de superar el plazo máximo
El incumplimiento del plazo máximo de duración no determina la caducidad del procedimiento, que puede continuar hasta su terminación, pero sí produce dos efectos relevantes: se entiende no producida la interrupción del cómputo de la prescripción como consecuencia de las actuaciones desarrolladas hasta la reanudación del procedimiento; y los ingresos realizados desde el inicio del procedimiento hasta la primera actuación practicada tras el incumplimiento del plazo se consideran espontáneos a efectos de recargos por declaración extemporánea, en lugar de considerarse resultado de una regularización administrativa a efectos sancionadores.
Cómo se traduce esto en la práctica
Si, como consecuencia de no haberse interrumpido la prescripción, el derecho de la Administración a liquidar ha prescrito entre el inicio del procedimiento y su reanudación tras el incumplimiento del plazo, la consecuencia puede ser directamente la imposibilidad de liquidar. Por ello, reconstruir con precisión el cómputo del plazo máximo de duración —identificando cada período de interrupción o dilación y su correcta justificación— es una de las líneas de defensa más eficaces, y a menudo más desaprovechadas, en los procedimientos de inspección de larga duración.
Preguntas frecuentes
¿Puede la Inspección alargar el procedimiento indefinidamente?
No; superado el plazo máximo, se producen los efectos legales descritos, especialmente relevantes para el cómputo de la prescripción.
¿Cómo sé si mi inspección ha superado el plazo máximo?
Es necesario sumar la duración total desde la notificación de inicio hasta la notificación de la liquidación, y restar los períodos de interrupción justificada y dilación no imputable a la Administración debidamente documentados en el expediente.
¿Quién debe probar las dilaciones imputadas al contribuyente?
La Administración debe motivar y acreditar adecuadamente cada período de dilación que impute al obligado tributario; una imputación genérica o insuficientemente motivada puede ser impugnada.
Cómo te ayudamos desde LRB Tax & Legal
En LRB Tax & Legal realizamos el análisis técnico del cómputo de plazos en procedimientos de inspección de larga duración, identificando excesos que pueden ser determinantes para la prescripción de la deuda. Si tu inspección lleva más de 18 meses en curso, escríbenos a Contacto@LRB.es.