Cuando tu empresa contrata con la Administración, recibe una subvención o participa en cualquier operación que implique el uso de fondos públicos, entra en contacto, directa o indirectamente, con un complejo sistema de control diseñado para garantizar el uso legal, eficiente y transparente de esos recursos. Conocer cómo funcionan estos controles ayuda a entender los tiempos de tramitación administrativa y las exigencias documentales que las Administraciones imponen a sus proveedores y beneficiarios de ayudas.
La función de intervención: el primer filtro de control
Antes de que cualquier gasto público se apruebe, la mayoría de las actuaciones administrativas que dan lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos pasan por la función de intervención, un control interno ex ante encomendado a órganos especializados —la Intervención General de la Administración del Estado a nivel estatal, órganos análogos en cada comunidad autónoma, y el órgano interventor en el ámbito local—. Esta función comprueba formal y materialmente que las órdenes de pago se corresponden con una deuda, servicio o trabajo efectivamente realizado, y que existe la correspondiente partida presupuestaria.
Esta es, con frecuencia, la explicación de por qué la tramitación de un contrato público o una subvención puede resultar lenta: la comprobación exhaustiva de cada expediente por parte de los servicios de intervención, especialmente reforzada tras las sucesivas reformas orientadas al control de la corrupción, introduce un tiempo de tramitación que las empresas deben tener en cuenta en su planificación financiera.
La sustitución de la fiscalización previa por comprobaciones: un alivio parcial
Dado el elevado volumen de actuaciones administrativas que requieren control, la normativa permite, en determinados casos, sustituir la fiscalización previa exhaustiva por comprobaciones más ágiles mediante técnicas de muestreo, complementadas con controles a posteriori a través del control financiero permanente y la auditoría pública. Esta flexibilización, aunque reduce la intensidad de algunos controles, agiliza la tramitación de expedientes recurrentes y de gran volumen, en beneficio de las empresas que dependen de una tramitación ágil.
Fondos europeos: un régimen de control agilizado
En el contexto de los fondos europeos Next Generation destinados a la recuperación económica, se han introducido medidas específicas que, sin eliminar la necesidad de los informes de intervención, evitan que estos condicionen la continuidad de la tramitación de determinados procedimientos de contratación o de subvenciones financiados con estos fondos. Para las empresas que participan en proyectos financiados con fondos europeos, este marco puede suponer una tramitación más ágil que la de los procedimientos financiados con fondos ordinarios, un factor a tener en cuenta al valorar en qué convocatorias o licitaciones concurrir.
El Tribunal de Cuentas: la fiscalización externa
Más allá del control interno, el artículo 136 de la Constitución encomienda al Tribunal de Cuentas la fiscalización externa, permanente y consuntiva de la actividad económico-financiera del conjunto del sector público, así como el enjuiciamiento de la responsabilidad contable de quienes manejan fondos públicos. El Tribunal de Cuentas eleva a las Cortes Generales informes, memorias y mociones que se publican en el Boletín Oficial del Estado, y sus resoluciones en materia de responsabilidad contable —calificadas legalmente como sentencias— son recurribles en casación y revisión ante el Tribunal Supremo.
Para las empresas que gestionan fondos públicos —por ejemplo, como beneficiarias de subvenciones sujetas a rendición de cuentas, o como entidades colaboradoras en la gestión de ayudas—, conocer el alcance de esta fiscalización externa es relevante, ya que sus actuaciones pueden ser objeto de revisión en el marco de las auditorías que el Tribunal de Cuentas realiza sobre el uso de fondos públicos.
La AIReF: el control de la estabilidad presupuestaria
Junto a estos controles tradicionales, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) vela por el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario y del endeudamiento público. Aunque sus informes carecen de fuerza jurídicamente vinculante, su autoridad técnica influye de manera significativa en las decisiones de política económica de las distintas Administraciones, lo que a su vez condiciona indirectamente el volumen de recursos disponibles para contratación pública y subvenciones en cada ejercicio.
Cómo te ayudamos desde LRB Tax & Legal
Entender el entramado de controles que rigen el uso de los fondos públicos ayuda a tu empresa a anticipar los tiempos de tramitación de sus contratos y subvenciones, y a prepararse adecuadamente ante posibles auditorías o fiscalizaciones. Desde LRB Tax & Legal te acompañamos en tu relación económica con el sector público, incluida la respuesta ante requerimientos de control o fiscalización. Si tu empresa necesita asesoramiento en materia de contratación o subvenciones públicas, contacta con nuestro equipo.