Cada vez es más frecuente que la resolución que recibe tu empresa desde la Administración —una multa de tráfico, una comprobación tributaria, una comunicación de la Seguridad Social— no haya sido dictada materialmente por ningún funcionario, sino generada de forma íntegramente automática por un sistema informático. Esta forma de actuar, denominada actuación administrativa automatizada, ya está expresamente reconocida en nuestro ordenamiento jurídico, y conocer sus reglas es esencial para entender qué garantías protegen a tu empresa cuando la decisión que recibe no ha pasado, literalmente, por las manos de ninguna persona.
Qué es exactamente una actuación administrativa automatizada
La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP) define la actuación administrativa automatizada como «cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público». De esta definición se extraen tres elementos que deben concurrir conjuntamente: la actuación se realiza íntegramente por medios electrónicos, se enmarca en un procedimiento administrativo formal, y se produce sin intervención humana directa.
Este tipo de actuación no es una anomalía ni una zona gris del ordenamiento: está expresamente prevista y regulada, precisamente porque su volumen ha crecido de forma muy significativa en los últimos años. El ejemplo paradigmático es la tramitación automatizada de infracciones de tráfico detectadas por medios técnicos —radares fijos, de tramo o láser—, un sistema que ha llegado a tramitar de forma completamente automática más de veinte millones de denuncias por exceso de velocidad. Pero la automatización se extiende también a tareas más cotidianas: la expedición automática del justificante de presentación de un escrito, la comprobación automática de datos de una solicitud, o el intercambio automatizado de información entre distintas Administraciones.
Automatización, robotización e inteligencia artificial: tres niveles distintos
Conviene distinguir varios niveles dentro de la actividad administrativa tecnológica. La automatización de tareas sencillas, rutinarias y masivas —como la comprobación de datos o la expedición de recibos— es la más extendida y la que menos controversia genera. Un nivel adicional lo constituye la robotización de procesos: programas diseñados para emular tareas humanas repetitivas, como rellenar formularios, cruzar bases de datos o interactuar mediante chatbots con los ciudadanos y empresas, que ya utilizan numerosas Administraciones para tramitar licencias, localizar deudores o resolver consultas tributarias.
El nivel más avanzado, y el que plantea mayores retos jurídicos, es el uso de la inteligencia artificial propiamente dicha para apoyar o, en algunos casos, sustituir por completo la toma de decisiones. Aquí es donde se concentra el debate jurídico más intenso: ¿puede un algoritmo, sin intervención humana, ejercer potestades administrativas discrecionales que exigen valorar circunstancias concretas e interpretar el ordenamiento jurídico? Distintas normativas autonómicas ya han empezado a fijar límites en esta dirección, prohibiendo el uso de decisiones automatizadas para actividades que supongan juicios de valor o exijan una interpretación jurídica compleja, reservando estas decisiones a la intervención humana.
Por qué esto importa para tu empresa
Que una resolución administrativa haya sido generada automáticamente no significa que tenga menos fuerza jurídica ni que esté exenta de control: sigue siendo un acto administrativo pleno, con todas sus consecuencias, incluida la posibilidad de recurso. Pero sí introduce elementos de análisis específicos que conviene tener presentes al revisar cualquier decisión automatizada que afecte a tu empresa: qué órgano es responsable de la decisión a efectos de impugnación (la ley exige que este órgano quede identificado con carácter previo), qué datos ha utilizado el sistema para llegar a esa conclusión, y si la materia decidida es de aquellas en las que la automatización íntegra sin intervención humana resulta legítima o, por el contrario, debería haber requerido la valoración de una persona.
Un terreno regulatorio en plena evolución
El marco jurídico de esta materia está en pleno desarrollo. A la regulación básica estatal se suma ya normativa específica de varias comunidades autónomas sobre el uso de la inteligencia artificial en la Administración, y a nivel europeo el Reglamento de Inteligencia Artificial clasifica los sistemas según su nivel de riesgo, sometiendo a mayores exigencias de transparencia y control a aquellos con mayor impacto en los derechos de las personas y las empresas —entre los que se incluyen, significativamente, los sistemas empleados para evaluar la admisibilidad de beneficiarse de servicios públicos o para la gestión de determinados controles administrativos—.
Cómo te ayudamos desde LRB Tax & Legal
En LRB Tax & Legal analizamos las decisiones administrativas automatizadas que afectan a tu empresa, identificando el órgano responsable, verificando que se han respetado las garantías legalmente exigidas, y valorando si la materia decidida debería haber contado con intervención humana directa. Si tu empresa ha recibido una resolución generada de forma automatizada y quiere conocer sus opciones de defensa, contacta con nuestro equipo.
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