Una mala regulación no es solo una molestia burocrática: se ha estimado que España podría aumentar su PIB en, al menos, un punto porcentual si mejorara la calidad de sus normas. Por eso la ley exige a la Administración respetar un conjunto de principios de buena regulación antes de aprobar cualquier norma, principios cuya infracción puede acarrear la nulidad de la disposición. Conocerlos da a tu empresa argumentos jurídicos concretos frente a regulaciones mal diseñadas.
Los seis principios que toda norma debe respetar
La Ley 39/2015 exige que toda iniciativa reglamentaria respete los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. La necesidad implica que la norma debe estar justificada por un interés general claramente identificado, evitando regulaciones motivadas por razones no explicitadas. La eficacia exige que el instrumento elegido sea el adecuado para conseguir el fin perseguido. La proporcionalidad obliga a que la regulación elegida sea la menos restrictiva posible entre las alternativas disponibles, y solo debe adoptarse si sus beneficios superan a sus costes. La seguridad jurídica exige coherencia con el resto del ordenamiento, para generar un marco normativo estable, predecible y accesible. La transparencia demanda que los objetivos de la norma se definan claramente en su exposición de motivos y que se posibilite la participación de los potenciales destinatarios. Y la eficiencia impone evitar cargas administrativas innecesarias para el interés general perseguido.
El principio de proporcionalidad: tu mejor herramienta frente a cargas excesivas
De todos estos principios, la proporcionalidad es probablemente el que ofrece más argumentos prácticos a una empresa que se enfrenta a una regulación gravosa. Exige que la Administración haya generado y valorado alternativas antes de optar por la solución finalmente elegida, incluyendo la posibilidad de no regular si no resulta necesario, y que la opción escogida sea la menos restrictiva de los derechos de las personas siempre que consiga el interés general perseguido, tomando en consideración los impactos sobre la competencia. Cuando una norma impone a las empresas de un sector obligaciones desproporcionadas respecto al problema que pretende resolver, sin que conste que se valoraron alternativas menos gravosas, existe un argumento jurídico sólido para cuestionar su validez.
La Memoria de Análisis de Impacto Normativo: el documento que revela si la norma está bien hecha
Todos los trámites del procedimiento de elaboración de un reglamento deben permitir una evaluación de sus posibles impactos —económicos, sobre las empresas, medioambientales, sociales— que se plasma en un documento incorporado al expediente: la Memoria de Análisis de Impacto Normativo. Esta evaluación debe realizarse con la debida diligencia, considerando alternativas y ponderando hechos, derechos e intereses relevantes. Para tu empresa, solicitar acceso a esta memoria durante la tramitación de una norma —o revisarla una vez publicada, ya que forma parte del expediente— permite comprobar si la Administración realmente evaluó el impacto económico sobre las empresas del sector, o si se trata de una justificación superficial que no analiza en profundidad las consecuencias prácticas de la regulación.
La jurisprudencia refuerza el control de estos principios
Los tribunales han intensificado en los últimos años el control judicial del cumplimiento de estos principios. Existen casos recientes en los que se ha anulado un real decreto por vulnerar el principio de seguridad jurídica, y se ha confirmado la anulación de una regulación municipal por falta de una ponderación auténtica del expediente y de la motivación del ejercicio de la discrecionalidad reglamentaria. Esta tendencia jurisprudencial da a las empresas un terreno cada vez más fértil para cuestionar regulaciones mal justificadas, siempre que se aporten los elementos del expediente que evidencien las carencias del proceso de elaboración.
Cómo te ayudamos desde LRB Tax & Legal
En LRB Tax & Legal analizamos si las normas que afectan a tu sector han respetado los principios de buena regulación exigidos por la ley, revisando la Memoria de Análisis de Impacto Normativo y el expediente de elaboración para identificar defectos aprovechables en una impugnación. Si una regulación reciente está imponiendo cargas desproporcionadas a tu empresa, contacta con nuestro equipo.