La acción exterior de las comunidades autónomas: oficinas y paradiplomacia

Aunque las relaciones exteriores son competencia exclusiva del Estado, las comunidades autónomas llevan décadas desarrollando una actividad exterior propia que puede resultar de gran utilidad para las empresas con vocación internacional: oficinas de representación en Bruselas, delegaciones en terceros países, y programas de apoyo a la captación de inversión o a la promoción comercial.

Por qué las comunidades autónomas actúan fuera de sus fronteras

La actividad autonómica está regida, en principio, por un criterio de territorialidad. Pero en un mundo globalizado, defender los intereses de una comunidad autónoma exige a veces trascender ese territorio: atender a residentes en el extranjero, captar inversión económica, participar en negociaciones europeas que afectan a sus competencias. El Tribunal Constitucional ha avalado esta acción exterior autonómica siempre que se limite a la promoción de intereses propios, sin suponer el ejercicio de un poder de suscribir tratados internacionales, sin generar obligaciones frente a Estados extranjeros y sin incidir en la política exterior del Estado, ámbitos que la Constitución reserva en exclusiva a este último.

Dos modelos de oficina exterior

Las comunidades autónomas han optado por dos fórmulas jurídicas distintas para sus oficinas exteriores. Algunas adoptan forma fundacional o consorcial —como la Fundación Galicia-Europa o la Oficina de las Illes Balears ante la Unión Europea—, lo que permite la participación de representantes económicos y sociales, o incluso de otras Administraciones, en su gestión. Otras se integran directamente en el organigrama administrativo autonómico, como la Oficina de la Comunidad de Madrid en Bruselas. Para una empresa que busca apoyo institucional en su expansión internacional, conocer qué modelo utiliza su comunidad autónoma ayuda a identificar los interlocutores y los servicios disponibles.

Qué es la «paradiplomacia» y qué puede ofrecer a tu empresa

La actividad que despliegan estas oficinas se conoce como paradiplomacia: contactos institucionales para defender intereses autonómicos, reforzar lazos culturales o prestar servicios a residentes y empresas en el exterior. No tienen capacidad para suscribir acuerdos jurídicamente vinculantes para España ni para generar responsabilidad internacional del Estado, pero sí pueden ofrecer apoyo práctico relevante: información sobre mercados, contactos institucionales locales, participación en misiones comerciales o asesoramiento sobre financiación europea. La apertura de estas oficinas requiere, desde 2014, un informe previo del Ministerio de Asuntos Exteriores, y del Ministerio de Economía cuando su actividad se centra en la promoción comercial, lo que garantiza cierta coordinación con la política exterior del Estado.

Un recurso a menudo infrautilizado por las empresas

Muchas empresas desconocen que su comunidad autónoma probablemente cuenta con una oficina de representación en Bruselas —clave para el seguimiento de fondos y normativa europea— y, en función de sus vínculos históricos o económicos, en otros países estratégicos. Estas oficinas suelen ofrecer servicios de información y acompañamiento gratuitos o a coste reducido, especialmente valiosos para pymes que inician su proceso de internacionalización y no cuentan todavía con estructura propia en el país de destino.

Cómo te ayudamos desde LRB Tax & Legal

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