Detrás de cada acto administrativo que recibe tu empresa —una autorización, una sanción, una denegación— hay una pregunta previa que rara vez se hace explícita pero que resulta decisiva: ¿tenía el órgano que lo dictó competencia real para hacerlo? La competencia administrativa es, junto con el procedimiento, uno de los dos pilares formales que sostienen la validez de cualquier actuación pública. Y a diferencia de lo que pueda parecer, no es un requisito meramente burocrático: su ausencia puede acarrear la nulidad de pleno derecho de la decisión.
Qué es exactamente una competencia administrativa
Las competencias son las concretas habilitaciones funcionales y materiales que la ley atribuye a cada Administración y, dentro de ella, a cada órgano. Técnicamente se configuran como poderes-deberes: no son facultades de las que la Administración pueda disponer libremente, sino atribuciones que debe ejercer obligatoriamente cuando concurren sus presupuestos. Las Administraciones públicas solo pueden actuar dentro de lo que expresamente se les atribuye, en la materia, del modo y con el fin previstos. Las cláusulas generales de apoderamiento no bastan para fundar una competencia, y no existen poderes implícitos: si no hay atribución expresa, no hay competencia.
Dos niveles de reparto: entre Administraciones y dentro de cada una
El reparto de competencias se produce en dos planos. El primero, general o intersubjetivo, determina qué Administración —estatal, autonómica o local— tiene atribuida una determinada materia, y se resuelve con criterios constitucionales, legales y reglamentarios de tipo material, funcional y territorial. El segundo, particular o intraorgánico, determina qué órgano concreto dentro de esa Administración ejerce la competencia. Es precisamente esta segunda atribución la que convierte a una simple unidad administrativa en un órgano con capacidad real de decidir, vincular o intervenir. Para tu empresa, el primer plano importa a la hora de identificar la Administración correcta a la que dirigirse; el segundo, a la hora de identificar el órgano exacto dentro de ella.
Las consecuencias de un defecto competencial
No todos los defectos de competencia tienen la misma gravedad. Cuando un acto es dictado por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio, la ley lo sanciona con la nulidad de pleno derecho: la sanción más grave posible, que en principio no prescribe y que puede alegarse en cualquier momento. Cuando el defecto de competencia es meramente jerárquico —por ejemplo, lo dicta un órgano inferior al que legalmente correspondía—, la consecuencia es la anulabilidad, que admite convalidación por el órgano competente. Y en otros casos, el defecto ni siquiera invalida el acto: ocurre, por ejemplo, cuando una resolución no indica expresamente que se ha dictado por delegación o suplencia, un defecto puramente formal que los tribunales han calificado como irregularidad no invalidante. Distinguir entre estos tres escenarios es esencial antes de decidir si merece la pena recurrir una resolución por motivos competenciales.
Cuando la competencia se traslada: delegación, transferencia y sustitución
La ley permite que las competencias no permanezcan siempre en el órgano que las tiene originariamente atribuidas. La transferencia traslada la titularidad completa de la competencia —típicamente del Estado a las comunidades autónomas o de estas a las entidades locales— mediante ley. La delegación, en cambio, traslada solo el ejercicio, conservando la titularidad de origen, y obedece a razones de eficacia: es habitual, por ejemplo, que un ayuntamiento delegue en una diputación provincial la gestión de determinados servicios, o que el Estado delegue en comunidades autónomas el ejercicio de ciertas facultades. La sustitución, por su parte, es un remedio excepcional frente a incumplimientos graves de obligaciones constitucionales o legales, que exige requerimiento previo y habilitación normativa expresa.
La encomienda de gestión: colaboración sin delegar
Existe además una figura de uso muy frecuente en la práctica administrativa: la encomienda de gestión, mediante la cual una Administración se apoya en los medios materiales y personales de otra para ejercer sus propias competencias, por razones de eficacia o de insuficiencia de recursos propios. A diferencia de la delegación, la encomienda no puede llegar a comportar la aprobación de actos jurídicos sustantivos ni de resoluciones finales: se limita a tareas materiales, técnicas, de gestión o de auxilio, mientras que la decisión sustantiva sigue correspondiendo a la Administración encomendante. Esta frontera no siempre es fácil de trazar en la práctica, y los tribunales han anulado actuaciones administrativas cuando una entidad de derecho privado, mediante una encomienda de gestión mal utilizada, terminó tramitando de facto un procedimiento sancionador que debía corresponder a una Administración en sentido formal.
Un punto de especial atención: la encomienda frente a los contratos públicos
Cuando el objeto de una encomienda de gestión se parece al de un contrato público —obras, servicios, suministros—, la normativa de contratos exige valorar si, en realidad, se está encubriendo una adjudicación directa que debería haber salido a concurso. Esta cuestión tiene una relevancia directa para las empresas que compiten por contratos públicos: si sospechas que una Administración ha encargado a un «medio propio» o a una entidad vinculada una prestación que debería haberse licitado, puede existir una vía de impugnación aprovechable.
Cómo te ayudamos desde LRB Tax & Legal
En LRB Tax & Legal revisamos la competencia de los órganos que dictan resoluciones que afectan a tu empresa y analizamos si encomiendas de gestión o delegaciones utilizadas por la Administración respetan sus límites legales, incluida su posible incidencia en materia de contratación pública. Si tienes dudas sobre la validez competencial de una resolución o sobre una adjudicación que debería haber salido a concurso, contacta con nuestro equipo.