Es habitual que una empresa reciba una resolución administrativa y sienta que la Administración «ha hecho lo que ha querido». En muchos casos esa sensación tiene una explicación jurídica precisa: la Administración estaba ejerciendo una potestad discrecional. Que exista discrecionalidad no significa que la decisión sea inatacable; significa que hay que saber exactamente dónde buscar el defecto que permite recurrirla con éxito.
Qué es realmente la discrecionalidad administrativa
La discrecionalidad no es una anomalía del sistema ni una zona de arbitrio sin control, sino un instrumento que el legislador utiliza deliberadamente para que la Administración pueda actuar con eficacia ante situaciones que la ley no puede prever con total detalle. Existe discrecionalidad cuando la norma, comprobado que se dan ciertos hechos, no obliga a la Administración a actuar de una manera determinada, sino que le permite decidir si actúa o no (discrecionalidad de actuación), elegir entre varias consecuencias jurídicas posibles (discrecionalidad de elección), o incluso —en el grado más amplio— cuando la norma se limita a fijar un objetivo a conseguir sin predeterminar los medios (discrecionalidad de planificación, típica del urbanismo).
Para tu empresa, identificar qué tipo de discrecionalidad está en juego es el primer paso: no se defiende igual frente a una Administración que «puede o no» conceder una ayuda que frente a una que debe elegir entre varias alternativas igualmente previstas por la norma.
La Administración se autovincula a sus propios criterios
Un aspecto poco conocido pero muy útil en la práctica: cuando la Administración ejerce reiteradamente su discrecionalidad conforme a determinados criterios, queda relativamente vinculada por ellos hacia el futuro. Si en casos anteriores similares aplicó un criterio concreto y ahora pretende apartarse de él sin justificación, esa decisión puede considerarse arbitraria. Esta es una de las razones por las que conviene documentar y conservar resoluciones previas de la misma Administración en asuntos comparables al tuyo: pueden convertirse en un argumento de peso si la Administración cambia de criterio sin explicación razonable.
Los cuatro frentes en los que se puede atacar una decisión discrecional
Aunque el fondo de una decisión discrecional tiene un margen limitado de revisión judicial, existen varios frentes en los que sí cabe un control pleno o casi pleno.
El primero son los hechos determinantes: la Administración no decide qué hechos existen, solo qué consecuencia extrae de ellos dentro de su margen. Si los hechos en los que se basa la resolución son erróneos o no están acreditados, la decisión cae con independencia de cualquier otra consideración.
El segundo son los aspectos formales: competencia del órgano, procedimiento seguido y, muy especialmente, la motivación. Una decisión discrecional debe explicar por qué se ha optado por esa alternativa y no por otra; una motivación insuficiente, genérica o estereotipada es uno de los defectos más frecuentes —y más aprovechables— en la práctica.
El tercero es la desviación de poder: cuando la potestad se ejerce para un fin distinto del que la ley le atribuyó. Es difícil de probar, pero decisivo cuando existen indicios sólidos.
El cuarto son los principios generales del Derecho que vinculan a la Administración en toda su actuación, discrecional o no: interdicción de la arbitrariedad, igualdad, seguridad jurídica, confianza legítima y proporcionalidad. Una decisión discrecional que resulte irracional, discriminatoria o desproporcionada puede anularse aunque formalmente se mantenga dentro del margen que la ley concede a la Administración.
Por qué este control nunca sustituye a la Administración
Es importante entender los límites de esta batalla jurídica: el control judicial de una decisión discrecional casi nunca determina cuál era «la única decisión correcta», porque cuando existe discrecionalidad normalmente hay varias alternativas igualmente válidas en Derecho. El juez no puede escoger la alternativa que le parezca mejor; solo puede anular la que efectivamente se adoptó si incurre en alguno de los vicios anteriores. Esto tiene una consecuencia práctica importante: ganar un recurso frente a una decisión discrecional habitualmente significa que la Administración deberá volver a decidir —esta vez sin el vicio detectado—, no que obtendrás automáticamente el resultado que buscabas. Aun así, en muchos casos esa segunda oportunidad, bien planteada, cambia el resultado final.
El caso excepcional en que solo hay una respuesta correcta
Existe una situación especial en la que, aunque la norma conceda formalmente discrecionalidad, las circunstancias del caso concreto hacen que solo una decisión sea compatible con los principios jurídicos aplicables: cualquier otra alternativa imaginable resultaría arbitraria, discriminatoria o desproporcionada. En estos casos, denominados de «reducción a cero» del margen de decisión, el control judicial se vuelve pleno, como si la potestad fuera reglada, y el tribunal puede llegar a imponer directamente la única solución conforme a Derecho. Detectar cuándo se produce esta reducción a cero —algo que requiere un análisis muy fino del caso concreto— puede ser la diferencia entre un recurso meramente anulatorio y uno que obtiene directamente el resultado perseguido.
Cómo te ayudamos desde LRB Tax & Legal
En LRB Tax & Legal revisamos sistemáticamente los cuatro frentes de ataque frente a decisiones discrecionales —hechos, forma y motivación, desviación de poder y principios generales— antes de recomendar la vía procesal más adecuada. Con frecuencia, el punto débil de una resolución discrecional no está donde el cliente esperaba, sino en un defecto formal o de motivación que pasa desapercibido sin un análisis experto. Si tu empresa se enfrenta a una decisión que considera arbitraria, podemos ayudarte a identificar el vicio concreto que la hace recurrible.