La mayor parte del Derecho europeo que afecta a tu empresa no lo aplica directamente Bruselas: lo aplica la Administración española, desde un ayuntamiento hasta la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Entender cómo funciona esta «Administración indirecta» —y qué principios la rigen— ayuda a anticipar cómo va a resolverse un asunto con componente europeo.
El principio de primacía: cuando el Derecho europeo se impone al nacional
El principio más característico de la Unión Europea es el de primacía: el Derecho de la Unión prevalece siempre frente a cualquier norma nacional, incluidas las de rango constitucional. Este principio no es solo teórico: obliga a cualquier Administración española, al aplicar el Derecho europeo en un caso concreto dentro de su ámbito competencial, a dejar de aplicar una norma nacional que resulte contraria o incompatible, incluso sin necesidad de que un tribunal la haya declarado inconstitucional o ilegal previamente. Para tu empresa, esto significa que, si consideras que una norma española vulnera el Derecho europeo, puedes invocar directamente ese Derecho europeo ante la propia Administración, sin necesidad de esperar a que la norma nacional sea formalmente derogada.
Autonomía procedimental: España decide cómo, no si, aplica el Derecho europeo
Como contrapeso al principio de primacía, existe el principio de autonomía institucional y procedimental: los Estados miembros pueden organizarse internamente como estimen oportuno para aplicar el Derecho europeo, utilizando sus propios procedimientos administrativos, salvo que una norma europea concreta exija otra cosa. Esto explica por qué, en materia de contratación pública por ejemplo, España ha tenido que adaptar significativamente su organización y procedimientos internos para dar cumplimiento a exigencias europeas muy específicas, mientras que en otras materias conserva mayor libertad organizativa.
Organismos reguladores independientes: la pieza clave de la ejecución europea en España
Un elemento central de esta «Administración indirecta» son los organismos reguladores independientes, creados en gran medida por exigencia del Derecho europeo para sectores que antes se prestaban en régimen de monopolio estatal —energía, telecomunicaciones, servicios postales— y que se liberalizaron bajo impulso europeo. En España, el organismo regulador de referencia es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), resultado de la fusión de varios reguladores sectoriales anteriores. Junto a ella operan la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), entre otros. Su independencia respecto del Gobierno no es una opción de diseño interno: es, en gran medida, una exigencia del Derecho europeo, avalada y supervisada por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Un nuevo frente: la regulación de los servicios digitales
El modelo de organismo regulador independiente se está extendiendo a ámbitos nuevos. El Reglamento de Servicios Digitales de la Unión Europea, aplicable desde 2022, exige a cada Estado miembro designar una «autoridad competente» —y, si hay varias, un «coordinador de servicios digitales»— responsable de supervisar a las plataformas digitales que operan en su territorio, con la misma exigencia de independencia que rige para los reguladores tradicionales. Si tu empresa opera una plataforma digital, un marketplace o cualquier servicio de intermediación online, este nuevo marco regulatorio europeo, aplicado a través de la autoridad nacional designada, resulta ya directamente relevante para tu actividad.
Cómo se recurren las decisiones de estos organismos
En España, las resoluciones de los organismos reguladores independientes se recurren, con carácter general, directamente ante la Sala Tercera de la Audiencia Nacional, en única instancia —sin doble instancia ordinaria—, quedando abierta únicamente la vía extraordinaria del recurso de casación cuando se acredite un «interés casacional objetivo». Esta particularidad procesal es relevante para las empresas que puedan verse afectadas por sanciones cuantiosas de estos reguladores: el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que la gravedad de determinadas sanciones administrativas puede exigir la aplicación de garantías propias del ámbito penal, con independencia de cómo las califique formalmente el legislador español.
Cómo te ayudamos desde LRB Tax & Legal
En LRB Tax & Legal ayudamos a empresas a identificar cuándo una norma o resolución nacional puede resultar contraria al Derecho europeo, y a defender sus intereses ante organismos reguladores independientes como la CNMC o la CNMV. Si tu empresa se enfrenta a una resolución de un regulador o necesita orientación sobre normativa europea aplicable, contacta con nuestro equipo.