El recurso de reposición tributario es un recurso administrativo, potestativo y gratuito, que se presenta ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo improrrogable de un mes desde el día siguiente a su notificación. Resulta útil cuando el error de la Administración es evidente, pero su probabilidad de éxito es baja si el asunto es discutible. Es previo e incompatible con la reclamación económico-administrativa: elegir uno cierra temporalmente el otro.
Claves del artículo
- Plazo de un mes, improrrogable, desde el día siguiente a la notificación o a los efectos del silencio.
- Se interpone ante el órgano que dictó el acto; no es necesario abogado ni procurador.
- Si se interpone, no puede promoverse la reclamación económico-administrativa hasta que se resuelva de forma expresa o presunta.
- La suspensión exige garantías tasadas, salvo sanciones y errores materiales, aritméticos o de hecho.
- La Administración dispone de un mes para resolver; pasado ese plazo se entiende desestimado.
Qué es el recurso de reposición tributario y contra qué actos procede
El recurso de reposición, regulado en los artículos 222 a 225 de la Ley General Tributaria (LGT) y en el reglamento de revisión en vía administrativa, procede en principio contra todos los actos de la Administración general o institucional que pueden ser objeto de reclamación económico-administrativa: liquidaciones, resoluciones de aplazamientos, sanciones, providencias de apremio, entre otros. No cabe, en cambio, contra una resolución económico-administrativa ni contra los actos dictados en ejecución de esta que se encuadren en el recurso contra la ejecución.
Tiene tres rasgos distintivos. Es potestativo: el interesado puede ir directamente a la reclamación económico-administrativa. Es previo e incompatible con ella: si se interpone, no se puede reclamar hasta que se resuelva; y si se presentan ambos simultáneamente contra el mismo acto, prevalece el que se presentó primero y el segundo se declara inadmisible. Y es de libre comparecencia: no exige abogado ni procurador, el contribuyente puede actuar por sí mismo o por representante.
Las comunidades autónomas conservan la facultad de revisar sus tributos propios y los cedidos, incluida la resolución de reposiciones. En el ámbito local el recurso de reposición tiene su propia regulación: es preceptivo, se interpone en un mes ante el mismo órgano que dictó el acto y su resolución abre la vía contencioso-administrativa, salvo en municipios de gran población con órgano especializado de reclamaciones.
Plazo y cómo interponer el recurso de reposición
El plazo es de un mes, contado desde el día siguiente a la notificación del acto o a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. En deudas de vencimiento periódico con notificación colectiva, el plazo empieza al día siguiente de la finalización del periodo voluntario de pago. En plazos por meses, el último día coincide con el ordinal de la notificación, y si ese día es inhábil se prorroga al primer hábil siguiente. Es un plazo preclusivo que no admite ampliación.
El escrito debe identificar al recurrente y el acto impugnado, contener las alegaciones y acompañar los documentos en que se base la pretensión. Si se pide la suspensión al presentar el recurso, hay que adjuntar el documento que formalice la garantía. Quien necesite el expediente debe comparecer para examinarlo dentro del plazo de interposición, porque una vez presentado el recurso ya no puede ejercer ese derecho. Si hay otros interesados, se les da traslado para que aleguen en diez días.
Algunos criterios prácticos refuerzan al contribuyente:
- Una notificación defectuosa, por ejemplo sin indicar los recursos procedentes, solo surte efectos desde que se interpone el recurso, que se considera presentado en plazo.
- Si la Administración admite un recurso extemporáneo y lo tramita, no puede alegar después su inadmisibilidad ante la jurisdicción.
- El recurso es admisible aunque el recurrente lo califique erróneamente.
- La presentación en correos extranjeros puede ser válida si se cumplen razonablemente las finalidades de la norma española, pero una embajada extranjera no es lugar habilitado.
- Cabe la presentación telemática contra determinados actos.
Interponer el recurso interrumpe los plazos para ejercer otros recursos y puede suspender la ejecución del acto impugnado si se cumplen los requisitos de garantía.
Suspensión de la ejecución durante el recurso de reposición
En reposición la suspensión es automática pero con garantías tasadas. Se admiten el depósito de dinero o valores públicos, el aval o fianza solidaria de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, el certificado de seguro de caución y, para deudas que no excedan de 1.500 euros, la fianza personal y solidaria de otros contribuyentes de reconocida solvencia. No se aceptan garantías hipotecarias o pignoraticias, que sí podrían tener cabida en la vía económico-administrativa si no se pueden aportar las anteriores. La garantía debe cubrir el importe del acto, los intereses de demora de la suspensión y los recargos que procederían si se ejecutara.
Existen dos excepciones sin garantía: el recurso contra sanciones y el recurso contra actos en los que se aprecie un posible error aritmético, material o de hecho. La solicitud se presenta ante el órgano que dictó el acto, acompañada del documento de garantía; si falta, se archiva sin efectos. Con garantía suficiente, la suspensión se entiende acordada desde la solicitud. El recurrente puede limitar sus efectos a la reposición, extenderlos a la vía económico-administrativa posterior o a la contenciosa.
| Aspecto | Recurso de reposición |
|---|---|
| Órgano competente | El que dictó el acto |
| Plazo para interponer | Un mes, improrrogable |
| Plazo para resolver | Un mes desde su presentación; si no, desestimación presunta |
| Suspensión | Automática con garantías tasadas; sin garantía en sanciones y errores materiales |
| Siguiente paso | Reclamación económico-administrativa |
Si el recurso es parcial, la suspensión solo alcanza a la parte recurrida y el resto debe ingresarse. Y si la reposición se estima solo en parte, la garantía queda afecta al pago de la nueva cuota resultante y los intereses. Las resoluciones que deniegan la suspensión son impugnables mediante reclamación económico-administrativa.
Resolución del recurso de reposición y siguientes pasos
El plazo máximo de resolución es de un mes desde el día siguiente a la presentación, sin contar los periodos de alegaciones de terceros ni los de remisión de informes de otros órganos, que no pueden exceder de dos meses en total. Pasado el plazo sin notificación, el interesado puede considerar desestimado el recurso para reclamar y, si hay suspensión, dejan de devengarse intereses de demora. Cuando después se notifica la resolución expresa, comienza a contarse el plazo de la reclamación económico-administrativa, cualquiera que sea el tiempo transcurrido desde la desestimación presunta.
Contra la resolución no cabe un nuevo recurso de reposición, pero sí la reclamación económico-administrativa. Además, la reposición somete al órgano todas las cuestiones del expediente, se hayan planteado o no, aunque debe dar audiencia de diez días si va a examinar cuestiones nuevas y no puede empeorar la situación del recurrente (prohibición de reformatio in peius). Para una visión general de estas vías, puede consultarse la información sobre procedimientos tributarios y defensa ante Hacienda.
Cuándo conviene recurrir en reposición: ejemplo ilustrativo
La reposición es recomendable cuando el error o vicio del acto es flagrante y fácil de acreditar: una liquidación que no tiene en cuenta un pago ya ingresado, un error de cálculo, una sanción sin motivación o un dato identificativo incorrecto. En estos casos, el mismo órgano puede corregirlo con rapidez. Un ejemplo ilustrativo: se notifica una liquidación que ignora una retención ya acreditada; basta presentar el certificado en un mes para que el propio órgano rectifique.
En cambio, cuando la discrepancia es jurídica, de valoración o de criterio, la práctica indica que el órgano que dictó el acto rara vez lo anula. Entonces puede resultar más eficaz acudir directamente a la reclamación económico-administrativa, ahorrando un mes de espera. La decisión debe tomarse dentro del plazo, porque elegir reposición y que se resuelva desfavorablemente solo retrasa el acceso al tribunal.
Errores frecuentes
- Presentar el recurso fuera de plazo por contar mal el mes o confiar en una ampliación inexistente.
- Interponer simultáneamente reposición y reclamación económico-administrativa sobre el mismo acto.
- No adjuntar la garantía al pedir la suspensión, lo que archiva la solicitud sin efectos.
- Pedir suspensión alegando perjuicios de difícil reparación sin aportar garantía adecuada: no suspende, aunque debe resolverse antes del apremio.
- Presentar el escrito ante un órgano que no es el autor del acto o en un registro no habilitado.
- Considerar que la imposibilidad de obtener aval permite prescindir de él.
Preguntas frecuentes
Un mes, improrrogable, contado desde el día siguiente a la notificación del acto o a aquel en que se produzcan los efectos del silencio. En deudas por recibo con notificación colectiva, desde el día siguiente al fin del periodo voluntario de pago.
No. Es potestativo. Si se interpone, no se puede reclamar hasta que se resuelva de forma expresa o presunta, y si se presentan ambos a la vez, solo se tramita el primero.
No por sí solo. Hay que solicitar la suspensión y aportar una garantía admitida, como depósito, aval o seguro de caución. Se suspende sin garantía en los recursos contra sanciones y ante errores materiales, aritméticos o de hecho.
La Administración tiene un mes para notificar la resolución. Si no lo hace, el recurso se entiende desestimado y el interesado puede reclamar ante el tribunal económico-administrativo.
No es preceptivo abogado ni procurador. El contribuyente puede comparecer por sí mismo o mediante representante debidamente acreditado.
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