El crowdfunding está sujeto a un marco legal y regulatorio que combina normativa nacional y europea, especialmente en las modalidades de equity crowdfunding y crowdlending. En este artículo explicamos cómo se articula esa regulación entre España y la Unión Europea, y cómo afecta tanto a las plataformas como a las empresas e inversores que participan en este tipo de operaciones.
El punto de partida: la Ley 5/2015 en España
En España, el crowdfunding quedó regulado por primera vez de forma específica con la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial, que estableció el marco para la actividad de las plataformas de financiación participativa, los límites de captación aplicables y las obligaciones de información frente a los inversores. Esta norma sentó las bases del sector en España antes de la llegada de la regulación europea armonizada.
El Reglamento europeo de servicios de financiación participativa
A nivel europeo, el Reglamento (UE) 2020/1503 sobre proveedores europeos de servicios de financiación participativa estableció un marco armonizado para el equity crowdfunding y el crowdlending dirigido a empresas en toda la Unión Europea. Este reglamento permite a las plataformas autorizadas en un Estado miembro operar en el resto de la Unión mediante un sistema de pasaporte europeo, sin necesidad de obtener una autorización independiente en cada país, lo que ha facilitado notablemente la expansión transfronteriza de las plataformas más consolidadas.
Cómo conviven la normativa española y la europea
La llegada del reglamento europeo no ha eliminado por completo el papel de la normativa nacional: España ha adaptado su marco interno para coordinar la aplicación del reglamento europeo, manteniendo la supervisión de las plataformas a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y conservando regulación nacional específica para aquellas modalidades de crowdfunding que quedan fuera del ámbito del reglamento europeo, como el crowdfunding de recompensa o de donación, así como ciertas operaciones de financiación dirigidas a consumidores particulares en lugar de a empresas.
Qué cambia para las plataformas con la regulación europea
Para las plataformas, el marco europeo ha supuesto, entre otros aspectos, requisitos armonizados de autorización y supervisión prudencial, obligaciones reforzadas de información precontractual estandarizada para los inversores, límites armonizados de inversión para inversores no sofisticados, y la posibilidad de operar en distintos países de la Unión Europea bajo una única autorización, gracias al sistema de pasaporte europeo.
Qué cambia para las empresas que buscan financiación
Para las empresas que buscan financiación a través de plataformas reguladas, la armonización europea facilita el acceso a una base de inversores más amplia, al permitir que plataformas autorizadas en otros países de la Unión Europea capten inversión también para proyectos españoles. A cambio, exige cumplir con los requisitos de información estandarizados establecidos por el reglamento, lo que en la práctica supone preparar una documentación más estructurada que en los primeros años del sector.
Qué cambia para los inversores
Para el inversor, la regulación europea ha reforzado la protección mediante advertencias de riesgo estandarizadas, un test de conocimientos que las plataformas deben aplicar a los inversores no sofisticados antes de permitirles realizar determinadas inversiones, y un periodo de reflexión obligatorio antes de formalizar ciertas inversiones, pensado para evitar decisiones precipitadas en el momento de mayor presión comercial de la campaña.
Ámbitos que quedan fuera del reglamento europeo
Conviene tener presente que el reglamento europeo no cubre todas las modalidades de crowdfunding. El crowdfunding de recompensa y de donación quedan, con carácter general, fuera de su ámbito de aplicación, al no constituir servicios de inversión propiamente dichos. Tampoco quedan cubiertas, en determinados supuestos, las operaciones de financiación dirigidas exclusivamente a consumidores particulares, ni aquellas que superen ciertos umbrales de captación, que pueden quedar sujetas a normativa adicional sobre folletos de emisión de valores.
Tendencias regulatorias a vigilar
El marco regulatorio del crowdfunding sigue evolucionando, tanto a nivel europeo como nacional, especialmente en aspectos relacionados con la protección del inversor minorista, la digitalización de los procesos de verificación de identidad y la coordinación entre supervisores de distintos países ante el crecimiento de la actividad transfronteriza. Las empresas y plataformas del sector deben mantenerse atentas a estas novedades, dado el ritmo relativamente rápido de cambios normativos en este ámbito.
Preguntas frecuentes
¿Una plataforma autorizada en otro país de la UE puede operar legalmente en España?
Sí, siempre que cuente con la autorización correspondiente bajo el Reglamento (UE) 2020/1503 y haya completado el procedimiento de pasaporte europeo para operar en España, lo que conviene verificar antes de invertir a través de una plataforma extranjera.
¿Sigue siendo aplicable la Ley 5/2015 española?
Sí, sigue resultando aplicable a aquellas modalidades y operaciones que no quedan cubiertas por el reglamento europeo, y como marco de coordinación de la supervisión nacional sobre las plataformas que operan en España.
Conclusión
El marco legal del crowdfunding combina hoy normativa nacional y europea, con un nivel de armonización creciente para el equity crowdfunding y el crowdlending dirigidos a empresas. En LRB Tax & Legal ayudamos a empresas, plataformas e inversores a entender qué normativa resulta aplicable a cada operación concreta y a cumplir correctamente con sus obligaciones legales.
