El sistema de VERIFACTU y la Directiva ViDA están en el centro de un debate que acaba de llegar al Senado. El 2 de junio de 2026, los senadores de Junts per Catalunya Eduard Pujol i Bonell y Joan Bagué i Roura presentaron una moción ante el Pleno del Senado instando al Gobierno a replantear el despliegue de VERIFACTU para alinearlo desde su inicio con el futuro marco europeo de facturación electrónica que establece la Directiva ViDA. La iniciativa pone sobre la mesa una preocupación creciente entre empresas, pymes y autónomos: que España esté construyendo sistemas paralelos que queden obsoletos antes de 2030. Si su empresa está preparando la adaptación a VERIFACTU, consulte con nuestro equipo para valorar su situación.
¿Qué es VERIFACTU y cuál es su estado actual?
VERIFACTU es el sistema de verificación de facturas promovido por la Agencia Tributaria española, basado en la remisión en tiempo real de los registros de facturación a los sistemas de la AEAT. Su objetivo es garantizar la integridad de las facturas emitidas y dificultar la emisión de facturas falsas o manipuladas, contribuyendo así a la lucha contra el fraude fiscal.
Tras sucesivos aplazamientos —en parte impulsados por la presión de organizaciones empresariales y grupos parlamentarios como Junts per Catalunya—, la entrada en vigor de VERIFACTU con carácter obligatorio está prevista para 2027. Sin embargo, la moción presentada en el Senado cuestiona si ese despliegue se está planificando con suficiente visión estratégica de cara al horizonte europeo.
La Directiva ViDA: el marco europeo que cambiará la facturación en 2030
La Directiva ViDA (VAT in the Digital Age) establece un marco armonizado de facturación electrónica y de reporte transaccional en tiempo real —los denominados Digital Reporting Requirements o DRR— para todas las operaciones intracomunitarias, con entrada en vigor a partir del 1 de julio de 2030. Su objetivo es modernizar el sistema del IVA en la Unión Europea, reducir el fraude y simplificar las obligaciones de los operadores económicos mediante un estándar común.
La Directiva modifica también el artículo 273 de la Directiva del IVA, limitando la capacidad de los Estados miembros para imponer nuevas obligaciones generales de reporte sobre operaciones B2B ya armonizadas a nivel europeo. Este límite es relevante para entender la relación entre los sistemas españoles actuales y el marco comunitario.
El problema: España tiene dos sistemas paralelos sin integración clara
España cuenta actualmente con dos sistemas de reporte transaccional operando en paralelo: el Suministro Inmediato de Información (SII), obligatorio para grandes empresas y grupos de IVA desde 2017, y VERIFACTU, diseñado para el resto de obligados tributarios. La moción señala que ninguno de los dos dispone de una estrategia clara de convergencia con ViDA, lo que genera riesgos de incompatibilidad, duplicidades y obsolescencia prematura de los sistemas.
Lo que pide la moción: siete medidas concretas sobre VERIFACTU y la Directiva ViDA
La moción presentada por Junts per Catalunya insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:
- Replantear el despliegue de VERIFACTU para alinearlo desde su inicio con la Directiva ViDA, evitando la consolidación de sistemas duplicados o incompatibles con el marco europeo a partir de 2030.
- Definir una hoja de ruta única, pública y coordinada que integre la facturación electrónica obligatoria, VERIFACTU y el SII en un modelo único de reporte transaccional coherente con los DRR europeos y vinculado al proceso de facturación.
- Garantizar la seguridad jurídica y la reducción de cargas administrativas para pymes y autónomos, evitando sucesivas adaptaciones tecnológicas que puedan quedar obsoletas antes de 2030.
- Establecer VERIFACTU como base preferente del sistema único de convergencia hacia ViDA, incorporando las facturas recibidas, haciéndolo obligatorio y universal, y previendo un período transitorio de migración ordenada desde el SII con ayudas económicas y acompañamiento técnico para pymes y autónomos.
- Concebir todos los sistemas actuales —VERIFACTU, SII y facturación electrónica— como instrumentos estrictamente transitorios, orientados a una integración progresiva en un único canal de reporte vinculado a la factura electrónica estructurada conforme al estándar europeo EN 16931.
- Coordinar con las comunidades autónomas, especialmente con la Generalitat de Catalunya, el diseño y la implantación del sistema, respetando las competencias propias y garantizando la compatibilidad con sistemas como TicketBAI.
- Realizar una evaluación independiente del impacto económico, administrativo y en materia de protección de datos (RGPD), con participación de los agentes económicos y sociales, antes de cualquier ampliación de la obligatoriedad, considerando la posibilidad de nuevos aplazamientos si no existe una planificación consolidada.
¿Por qué VERIFACTU está mejor posicionado que el SII para converger con ViDA?
La moción recoge un argumento técnico de relevancia: VERIFACTU, por su conexión directa con los sistemas de facturación en el momento de emisión de la factura, está estructuralmente mejor posicionado que el SII para converger con los Digital Reporting Requirements de ViDA. El SII, en cambio, es un sistema de reporte a posteriori que opera de forma desvinculada del proceso de facturación.
Sin embargo, para que VERIFACTU pueda convertirse en la base del sistema único de convergencia con ViDA, necesita adaptaciones relevantes: incorporar las facturas recibidas (actualmente solo contempla las emitidas), hacerse obligatorio y universal para todos los operadores, y alinearse técnicamente con el estándar europeo de factura electrónica estructurada EN 16931.
Implicaciones prácticas para pymes y autónomos
El riesgo de adaptarse a un sistema que puede quedar obsoleto
Una de las preocupaciones centrales de la moción es evitar que pymes y autónomos realicen inversiones tecnológicas para adaptarse a VERIFACTU que luego resulten inútiles o insuficientes cuando entre en vigor ViDA en 2030. Si España no alinea su sistema con el marco europeo desde el principio, las empresas pueden verse obligadas a realizar una doble adaptación tecnológica en pocos años, con el coste económico y administrativo que ello supone.
La seguridad jurídica como exigencia prioritaria
Los sucesivos aplazamientos de VERIFACTU han generado incertidumbre entre los obligados tributarios. La moción demanda una planificación estable, con fechas claras y requisitos técnicos definitivos, que permita a las empresas programar sus inversiones tecnológicas con suficiente antelación y sin el riesgo de nuevos cambios de último momento.
El papel de TicketBAI y la coordinación territorial
La moción también pone el foco en la necesidad de que el modelo nacional sea compatible con sistemas ya implantados en territorios con competencias propias en materia tributaria, como TicketBAI en el País Vasco. La falta de coordinación entre el modelo estatal y los modelos forales podría generar una fragmentación adicional que complique aún más el panorama para las empresas que operan en varios territorios.
¿Qué deben hacer las empresas mientras tanto?
- Seguir de cerca la evolución legislativa tanto de VERIFACTU como de la transposición de ViDA al ordenamiento español, ya que el marco normativo puede experimentar cambios significativos en los próximos meses.
- Evaluar el software de facturación actual para determinar si cumple o puede adaptarse a los requisitos de VERIFACTU y, en la medida de lo posible, al estándar EN 16931 exigido por ViDA.
- No posponer indefinidamente la adaptación: aunque los plazos puedan cambiar, la tendencia hacia la facturación electrónica estructurada y el reporte en tiempo real es irreversible tanto a nivel nacional como europeo.
- Solicitar asesoramiento especializado para entender qué obligaciones son aplicables en función del tamaño y la actividad de la empresa, y para planificar la transición de forma ordenada y eficiente.
Conclusión
La moción presentada en el Senado el 2 de junio de 2026 abre un debate necesario sobre la coherencia de la estrategia española de facturación electrónica con el marco europeo que establece la Directiva ViDA. La coexistencia de sistemas paralelos sin una hoja de ruta de integración clara no solo genera inseguridad jurídica para las empresas, sino que puede suponer un coste innecesario para el tejido productivo español si los sistemas actuales quedan obsoletos antes de 2030. Pymes y autónomos necesitan certeza, planificación y apoyo para afrontar esta transición digital sin sobresaltos.
Si su empresa está valorando cómo prepararse para VERIFACTU y el horizonte de ViDA, nuestro equipo puede acompañarle en el análisis de sus obligaciones y en la planificación de la transición.
