Fusionar dos sociedades, escindir una rama de actividad, aportar un negocio a una nueva entidad o canjear participaciones entre socios son operaciones cada vez más frecuentes en la vida de las empresas españolas, ya sea por crecimiento, por relevo generacional, por reorganización de un grupo familiar o por la entrada de un nuevo inversor. Cuando una empresa se plantea este tipo de movimientos, una de las primeras preguntas que surge en el comité de dirección o en la asesoría es siempre la misma: ¿qué régimen fiscal reestructuración empresarial resulta aplicable y qué coste fiscal real va a suponer la operación? La respuesta no es única, porque en España conviven dos regímenes fiscales distintos para estas operaciones: el régimen especial de neutralidad fiscal y el régimen fiscal general. En este artículo nos centramos en este segundo, el régimen general, que es el que se aplica por defecto cuando la operación no se acoge —o no puede acogerse— al régimen especial de diferimiento.
Entender el régimen fiscal general de las operaciones de reestructuración empresarial es esencial no solo para calcular el impacto fiscal de una fusión, escisión o aportación, sino también para valorar si compensa optar por el régimen especial. A continuación explicamos, de forma clara y con ejemplos prácticos, cómo tributan estas operaciones en el Impuesto sobre Sociedades y en los principales impuestos indirectos.
Qué se entiende por operaciones de reestructuración empresarial
Bajo el paraguas de las operaciones de reestructuración empresarial se agrupan distintas figuras jurídico-mercantiles que tienen en común la transmisión de elementos patrimoniales entre sociedades, o entre socios y sociedades, con el objetivo de reorganizar la estructura de un negocio o de un grupo empresarial. Las principales son:
- La fusión, ya sea por absorción de una sociedad por otra, por constitución de una nueva entidad, o la denominada fusión impropia (cuando la sociedad absorbente ya es titular del cien por cien del capital de la absorbida).
- La escisión, total o parcial, mediante la cual el patrimonio de una sociedad se divide y se transmite a una o varias entidades.
- La aportación no dineraria de bienes o derechos a una sociedad, incluida la aportación de una rama de actividad.
- El canje de valores, por el que una entidad adquiere participaciones de otra que le otorgan la mayoría de los derechos de voto.
- El cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea entre Estados miembros de la Unión Europea.
Todas estas operaciones implican, en mayor o menor medida, la transmisión de elementos patrimoniales que pueden generar rentas fiscales, tanto a nivel de las sociedades que participan en la operación como a nivel de sus socios cuando reciben nuevas participaciones a cambio de las que tenían.
El régimen fiscal general de la reestructuración empresarial en el Impuesto sobre Sociedades
La normativa del Impuesto sobre Sociedades permite que las operaciones de fusión, escisión, aportación no dineraria y canje de valores se acojan a un régimen especial de neutralidad fiscal, caracterizado por el diferimiento de la tributación de las rentas que se ponen de manifiesto en la operación. Ahora bien, este régimen especial no se aplica de forma automática: es necesario comunicarlo expresamente a la Administración tributaria. Si no se realiza esa comunicación, o si la empresa decide conscientemente no acogerse a él, entra en juego el régimen fiscal general.
El régimen fiscal general de las operaciones de reestructuración empresarial implica, en síntesis, que la operación tributa como una transmisión patrimonial ordinaria. Esto significa que:
- En la entidad transmitente se grava por el Impuesto sobre Sociedades toda la renta que se ponga de manifiesto por la diferencia entre el valor de mercado de los elementos transmitidos y su valor fiscal, sin posibilidad de diferir esa tributación a un momento posterior.
- En los socios de la entidad transmitente también puede generarse una renta gravable derivada del canje de participaciones que reciben a cambio de las que tenían, salvo que resulte de aplicación la exención prevista para la transmisión de participaciones significativas cuando se cumplan los requisitos exigidos por la normativa.
- Además de la tributación directa, se devengan los impuestos indirectos que puedan gravar los actos y contratos derivados de la operación, sin las particularidades de no sujeción o exención que sí contempla el régimen especial.
En la práctica, esto convierte al régimen fiscal general en la opción menos habitual cuando la operación cumple los requisitos para acogerse al régimen especial, ya que este último permite diferir la carga fiscal a un momento posterior, normalmente cuando se produzca una transmisión definitiva de los elementos patrimoniales fuera del grupo o de la estructura reorganizada. Aun así, hay supuestos en los que la aplicación del régimen general resulta obligada —por ejemplo, cuando la operación no encaja en ninguna de las figuras reguladas o cuando la Administración considera, tras una comprobación, que la operación tuvo como principal finalidad obtener una ventaja fiscal indebida— y otros en los que, simplemente, no interesa acogerse al régimen especial por razones estratégicas de la empresa.
Imposición indirecta en el régimen fiscal general de reestructuración empresarial
Más allá del Impuesto sobre Sociedades, cualquier operación de reestructuración empresarial tiene consecuencias en varios impuestos indirectos. Conocerlas con detalle es clave para anticipar el coste fiscal total de la operación.
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD)
Con carácter general, la constitución de sociedades, los aumentos y disminuciones de capital y las aportaciones de socios que no supongan aumento de capital están sujetos a la modalidad de operaciones societarias del ITP y AJD. Sin embargo, cuando una operación puede calificarse como operación de reestructuración a efectos de este impuesto —fusión, escisión total o parcial, aportación de rama de actividad, canje de valores o determinadas aportaciones no dinerarias especiales—, dicha operación queda no sujeta a la modalidad de operaciones societarias y, además, exenta de las otras dos modalidades del impuesto: transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados. Un aspecto relevante, y a menudo desconocido por quienes se acercan por primera vez a este tema, es que esta no sujeción y exención se aplican con independencia de que la operación se acoja o no al régimen especial de neutralidad fiscal en el Impuesto sobre Sociedades: basta con que la operación cumpla la definición mercantil y fiscal de operación de reestructuración.
Fuera de estos supuestos, cualquier otra aportación no dineraria que no tenga la consideración de operación de reestructuración quedará sujeta al ITP y AJD en la modalidad de operaciones societarias, en concepto de aumento de capital, sin perjuicio de las exenciones generales que la normativa contempla para la constitución de sociedades y los aumentos de capital.
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)
En el ámbito del IVA, la regla general es que no está sujeta al impuesto la transmisión de un conjunto de elementos, corporales e incorporales, que formen parte del patrimonio empresarial o profesional del transmitente y que constituyan, o sean susceptibles de constituir, una unidad económica autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial por sus propios medios. Esta no sujeción se aplica con independencia del régimen fiscal —especial o general— que resulte aplicable a la operación en el Impuesto sobre Sociedades.
Esto significa que una fusión, una escisión que transmita una unidad económica autónoma o la aportación de una rama de actividad quedarán, en la mayoría de los casos, no sujetas al IVA. En cambio, la transmisión de meros elementos patrimoniales aislados que no constituyan por sí mismos una explotación económica sí quedará sujeta al IVA, aunque estuvieran afectos a la actividad de la empresa transmitente. Esta distinción resulta especialmente relevante cuando la operación incluye inmuebles, ya que de la calificación como unidad económica autónoma dependerá también, indirectamente, la posible tributación en el ITP y AJD.
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU o plusvalía municipal)
Cuando la operación de reestructuración implica la transmisión de inmuebles urbanos, es necesario valorar también el impacto en el IIVTNU, tributo local que grava el incremento de valor experimentado por los terrenos de naturaleza urbana con ocasión de su transmisión. La calificación de la operación como reestructuración empresarial y el régimen fiscal aplicado en el Impuesto sobre Sociedades pueden tener incidencia en el tratamiento de este impuesto municipal, por lo que conviene analizar caso por caso, junto con la normativa y las ordenanzas del ayuntamiento correspondiente, cómo afecta la transmisión de cada inmueble incluido en la operación.
Régimen general frente a régimen especial: por qué importa la elección
La diferencia entre el régimen fiscal general y el régimen especial de neutralidad fiscal es, en la práctica, la diferencia entre tributar de forma inmediata por todas las plusvalías latentes puestas de manifiesto en la operación o diferir esa tributación. El régimen especial no es un beneficio fiscal gratuito ni una vía para eludir impuestos: la propia normativa prevé mecanismos de control para evitar que se utilice con la finalidad principal de obtener una ventaja fiscal abusiva, en cuyo caso la Administración puede regularizar la parte de renta diferida que corresponda a esa ventaja indebidamente obtenida. Por ello, la doctrina administrativa y los tribunales han insistido en que la existencia de un motivo económico válido —más allá del mero ahorro fiscal— es un elemento central para sostener la aplicación del régimen especial ante una eventual comprobación.
Precisamente por esta complejidad, muchas empresas optan, cuando los importes en juego son reducidos o cuando la operación no encaja con claridad en los supuestos del régimen especial, por asumir la tributación bajo el régimen fiscal general de la reestructuración empresarial, evitando así la incertidumbre asociada a una comprobación posterior sobre la validez de los motivos económicos alegados. En otros casos, sencillamente, el régimen especial no resulta aplicable porque la operación no reúne los requisitos mercantiles o fiscales exigidos, de modo que el régimen general se convierte en la única alternativa disponible.
Un ejemplo práctico
Imaginemos una pyme familiar que decide escindir una de sus dos líneas de negocio para transmitirla, más adelante, a un tercero interesado en adquirirla de forma independiente. Si la escisión cumple los requisitos mercantiles y económicos exigidos y se comunica adecuadamente a la Administración, la empresa podrá acogerse al régimen especial de neutralidad fiscal y diferir la tributación de las plusvalías latentes hasta un momento posterior. Si, por el contrario, la operación no se comunica en plazo, o la Administración concluye tras una comprobación que el único objetivo perseguido era reducir la carga fiscal de una futura venta, la operación tributará conforme al régimen fiscal general, gravándose de inmediato en el Impuesto sobre Sociedades la renta generada por la diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal de los elementos escindidos. Este ejemplo ilustra por qué la planificación previa y el análisis individualizado de cada operación resultan determinantes.
Conclusión práctica
El régimen fiscal reestructuración empresarial que resulte finalmente aplicable —general o especial— condiciona de forma directa el coste fiscal de una fusión, escisión, aportación no dineraria o canje de valores, tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el ITP y AJD, el IVA y, en su caso, el IIVTNU. El régimen general implica, como norma, una tributación inmediata de las rentas puestas de manifiesto, mientras que la calificación mercantil de la operación como reestructuración sigue permitiendo, en muchos casos, la no sujeción o exención en la imposición indirecta, con independencia del régimen elegido en el Impuesto sobre Sociedades.
Dada la complejidad técnica de esta materia y las consecuencias económicas que puede tener una calificación incorrecta, cada operación de reestructuración empresarial debe analizarse de forma individualizada, atendiendo a la estructura societaria concreta, a los activos implicados y a los objetivos empresariales perseguidos. Este artículo tiene un carácter meramente divulgativo y no constituye asesoramiento fiscal o legal vinculante para ningún caso concreto.
Si su empresa está valorando una fusión, escisión, aportación de rama de actividad o cualquier otra operación de reestructuración, en LRB Tax & Legal podemos ayudarle a valorar las alternativas disponibles y sus implicaciones fiscales. Contacte con nuestro equipo para una valoración personalizada de su caso.
