Cuando una empresa plantea una escisión, lo primero que se busca es acogerse al régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores regulado en el Capítulo VII del Título VII de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Este régimen permite realizar la operación con neutralidad fiscal, es decir, sin tributación inmediata por las plusvalías tácitas que afloran al segregar el patrimonio. Pero hay un escenario en el que la Dirección General de Tributos (DGT) cierra sistemáticamente la puerta a este beneficio: la escisión de una sociedad inactiva.
En LRB Tax & Legal vemos con frecuencia a clientes que plantean escindir una sociedad sin actividad —normalmente para repartir un patrimonio inmobiliario entre los socios o para preparar una venta futura— asumiendo que, al no haber negocio que perturbar, la operación será sencilla y neutra fiscalmente. La realidad es la contraria: precisamente porque no hay actividad, el régimen especial no resulta aplicable.
El requisito clave: motivos económicos válidos
El artículo 89.2 de la LIS establece que el régimen especial no se aplicará cuando la operación tenga como principal objetivo el fraude o la evasión fiscal. La norma presume que no existe ese objetivo cuando la operación se efectúa por motivos económicos válidos, tales como la reestructuración o la racionalización de las actividades de las entidades que participan en la operación.
La clave está en esa expresión: reestructuración o racionalización de actividades. Todo el andamiaje del régimen especial se apoya en la idea de que la operación mejora la organización, la gestión o la eficiencia de un negocio real y en funcionamiento. Si la sociedad escindida está inactiva, sencillamente no hay actividad económica que reestructurar ni racionalizar. El presupuesto de hecho que justifica la neutralidad fiscal desaparece.
Qué dice la doctrina de la DGT
La Dirección General de Tributos ha sido explícita en este punto. En un supuesto de escisión total de una entidad inactiva que era titular de tres inmuebles, en el que uno de ellos se transmitía a una sociedad de nueva constitución para transmitir después las participaciones recibidas, la DGT concluyó que, al no existir actividad, no puede hablarse de reestructuración o racionalización de la misma. La consecuencia directa es la inaplicación del régimen especial de neutralidad fiscal a esa escisión.
Este criterio no es aislado ni casual. Responde a la lógica general que la DGT aplica a todas las operaciones de reestructuración: el motivo económico válido debe ser idóneo y real para la propia sociedad, no un mero instrumento para trasladar activos a los socios o preparar una venta con menor coste fiscal. Cuando la sociedad no desarrolla actividad económica alguna, cualquier alegación de mejora en la gestión, especialización de actividades o eficiencia operativa carece de sustento fáctico: no hay actividad que gestionar ni eficiencia que mejorar.
Otros supuestos que refuerzan el mismo criterio
La doctrina administrativa ofrece ejemplos adicionales que ayudan a entender el enfoque de la Administración con las escisiones que, aun teniendo actividad formal, en realidad benefician solo a los socios:
- La escisión total seguida de la transmisión posterior de las participaciones en una de las sociedades beneficiarias no se considera una reestructuración de actividades, sino una operación realizada en beneficio de los socios, orientada a facilitar la venta del negocio excluyendo activos (como inmuebles) que dificultarían la transmisión.
- Las operaciones de escisión parcial de activos que no constituyen por sí mismos una rama de actividad tampoco quedan amparadas por el régimen especial, con independencia de cómo se articule la operación.
- La concatenación de operaciones intermedias diseñadas exclusivamente para llegar a una estructura final que de forma directa no cumpliría los requisitos del régimen especial, tampoco permite acceder a la neutralidad fiscal, porque esas operaciones intermedias no responden a ningún motivo distinto del fiscal.
El denominador común es siempre el mismo: la Administración analiza el fondo económico de la operación, no solo su forma jurídica. Y en una sociedad inactiva, el fondo económico —por definición— no existe.
Consecuencias prácticas de la inaplicación del régimen especial
Si la escisión de una sociedad inactiva no puede acogerse al régimen especial, se aplica el régimen general de tributación. Esto implica, entre otros efectos:
- Tributación en el Impuesto sobre Sociedades de la sociedad escindida por la diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal de los elementos patrimoniales transmitidos a las sociedades beneficiarias, como si se tratara de una transmisión onerosa.
- Pérdida de la neutralidad en el valor de adquisición y la fecha de antigüedad de los elementos transmitidos, que en el régimen especial se subrogan sin coste fiscal inmediato.
- Posible tributación adicional en los socios, en función de cómo se articule la atribución de participaciones de las sociedades beneficiarias.
- Riesgo de comprobación si, pese a todo, se pretende aplicar el régimen especial invocando motivos económicos que la Administración considerará artificiosos a la vista de la falta de actividad.
En la práctica, esto puede convertir una operación pensada como «neutra» en una tributación efectiva por plusvalías latentes que, en el caso de inmuebles con largos períodos de tenencia, puede alcanzar importes muy significativos.
¿Existe alguna vía cuando la sociedad está inactiva?
No existe una fórmula universal, pero conviene tener presente lo siguiente antes de plantear la operación:
- Verificar si realmente hay actividad económica a efectos fiscales, más allá de la percepción del cliente. Una sociedad que arrienda inmuebles con los medios materiales y personales exigidos por la normativa puede considerarse en actividad, aunque no tenga una operativa intensa.
- Valorar alternativas a la escisión, como la disolución y liquidación, la reducción de capital con devolución de aportaciones, o la venta directa de activos, cada una con su propio régimen fiscal y sus propios costes.
- Analizar el objetivo real de la operación. Si la finalidad última es preparar una venta futura de activos o de participaciones, conviene diseñar la estructura teniendo en cuenta desde el inicio que el régimen especial probablemente no será aplicable, para evitar sorpresas en una comprobación posterior.
- Documentar cualquier atisbo de actividad con soporte suficiente (contratos, medios materiales y humanos, facturación) si existe la intención de defender la aplicación del régimen especial.
Conclusión
La escisión de una sociedad inactiva es uno de los supuestos en los que la Administración tributaria tiene un criterio consolidado y previsible: sin actividad económica no hay reestructuración ni racionalización que proteger, y por tanto no procede el régimen especial de neutralidad fiscal del Impuesto sobre Sociedades. Plantear este tipo de operaciones sin un análisis fiscal previo puede generar una tributación relevante e inesperada, especialmente cuando el patrimonio escindido incluye inmuebles con plusvalías acumuladas de años.
Antes de iniciar cualquier proceso de escisión, fusión o reestructuración societaria, es fundamental analizar caso por caso si existe actividad económica real y si los motivos que impulsan la operación son idóneos a efectos fiscales. En LRB Tax & Legal ayudamos a empresas y grupos familiares a diseñar sus operaciones de reestructuración con seguridad jurídica, valorando de forma previa la aplicabilidad del régimen especial y las alternativas disponibles. Si estás valorando una escisión, una fusión o cualquier otra operación societaria, contacta con nuestro equipo para un análisis personalizado antes de dar el primer paso.
Este contenido tiene carácter divulgativo y no constituye asesoramiento fiscal vinculante. Cada operación debe analizarse de forma individualizada.
